Nuevo proyecto contra la paz

Casi nadie cree que la paz nos va a llegar de Cuba, pero casi todos los que la queremos estamos seguros de que sin acuerdos en Cuba definitivamente no habrá paz. La agenda que se discute contiene propuestas de transformación social y política que, de convertirse en acuerdos, podrían hacer que la insurgencia dejara las armas y se incorporara a la actividad política legal, y el país emprendiera el camino hacia “la paz estable y duradera”.

Pero los acuerdos no implican nada si no se materializan. Y de ocurrir esto, se habrán perdido todos los esfuerzos comprometidos en conseguir la paz.

Lamentablemente, el Gobierno no da señales de querer esas transformaciones, y por el contrario, todos los proyectos de ley que ha llevado al Congreso no tienen propósito diferente al de perpetuar el statu quo, como lo demuestra el nuevo Plan de Desarrollo y el proyecto de ley que autoriza al propio Gobierno para crear las Zonas de Interés y Desarrollo Económico y Social, Zidres.

Las Zidres son un nuevo embeleco que, de convertirse en ley de la República, ahogará aún más las posibilidades de los campesinos de acceder a los beneficios de Ley 160 de 1994, que dispuso que los baldíos son tierras para ellos.

Ahora tendrían que compartir ese beneficio con empresarios autorizados a competir con cartas marcadas, pues no quedarían sometidos al límite patrimonial máximo de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sí afecta a los campesinos, y podrían utilizar las tierras en proyectos agroindustriales, lo cual crearía islas dentro de la frontera agrícola del país y demeritaría aún más lo poco que nos queda de soberanía alimentaria.

Este proyecto atenta, entonces, contra el proceso de paz al establecer normas contrarias al espíritu de una auténtica reforma agraria, la cual es consustancial a los acuerdos de La Habana, que buscan, precisamente, un ajuste cardinal en las condiciones de tenencia de la tierra, en bien de un campesinado y de unas comunidades negras e indígenas que han sufrido de violentas expulsiones de ella por terratenientes y mafiosos escudados tras bandas paramilitares y no pocas veces contando con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública.

El Gobierno está equivocado si cree que a Colombia le puede llegar la paz que anhelamos a través de los cambios que él impulsa y que son contrarios a los que necesita.

Por eso requerimos de la calle para seguir peleando por esa paz con justicia social, que es la única que puede cerrarle las compuertas a todo intento de repetir la historia de violencia que ha permitido a las clases dominantes perpetuarse en el poder.

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