Todo sistema electoral que quiera merecer llamarse democrático debe garantizar que los procesos sometidos a su medición arrojen resultados carentes de toda duda y que la participación ciudadana sea amplia, libre de medidas coercitivas y sin que persona alguna sea objeto de procedimientos que alteren su libertad de decisión, tales como el bombardeo propagandístico, la compraventa de votos y la conversión del Estado en dispensario de puestos y contratos.
Nuestro sistema no acude a ninguna coerción, pero tampoco garantiza la participación libre, pues permite que se dé bajo el imperio de muchas de las anteriores distorsiones, al tiempo que se muestra impávido ante índices de abstención cercanos al 50 por ciento, en buena parte debidos a la generalización de la burla a los electores a través de promesas incumplidas y a la represión a que se somete a ciudadanos y comunidades de los que, se supone, puedan provenir votos contrarios a determinados intereses.
Un grupo importante de ciudadanos, de organizaciones sociales y de partidos de izquierda vienen clamando por profundas reformas que democraticen la vida nacional. Elevar la participación política es una de ellas y es uno de los seis puntos de la agenda que se discute en La Habana.
Ya hay acuerdos en ese aspecto, los cuales dejan ver que el Gobierno reconoce la necesidad de cambios para que Colombia pueda ser vista como un Estado realmente democrático.
Deberíamos preguntarnos entonces: si ya el Gobierno aceptó tales falencias y se comprometió a remediarlas, ¿no debería hacerlo independientemente de cómo terminen los demás puntos de la agenda? ¿no debería comprometerse más con la idea de convertir a nuestro país en un paradigma de la democracia que en mantenerse caprichosamente aferrado al absurdo precepto de que “nada está acordado hasta que todo no esté acordado”?
Los cambios que necesitamos son muchos. Necesitamos, por ejemplo, que las campañas sean financiadas totalmente por el Estado; que se eliminen los umbrales y las cifras repartidoras y se vuelva al sistema del cociente electoral; que se permita la participación electoral de las organizaciones sociales; que en lugar de presiones demagógicas se garantice que las promesas de la campaña vencedora sean de obligatorio cumplimiento; y que se puedan formalizar alianzas sin el requisito de haber obtenido una determinada sumatoria de votos en elecciones anteriores, como lo establece una ley actual, pendiente de reglamentación.
Estos cambios, entre otros, debidamente reforzados con el más infalible sistema de votación electrónica, podrían elevar el interés de nuestro pueblo por la actividad electoral, y llevarlo a descubrir los nexos entre votación, política y solución efectiva de sus problemas más apremiantes, mientras hace posible resolverlos todos mediante el socialismo.
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