Los constituyentes del 91 no previeron las dificultades que podrían presentarse con tantas Altas Cortes como las que le introdujeron a la Carta Magna, las que se han manifestado, algunas veces, en choques de trenes y, otras, en sentencias que se estorban. Esto ha sido especialmente notorio entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
A la Corte Constitucional le corresponde salvaguardar la Constitución. En cumplimiento de tal función, sentenció que no riñen con la Carta las determinaciones que tomen los municipios en asuntos relacionados con el uso del suelo, incluidas las relacionadas con la minería.
Al Consejo de Estado, por su parte, le asignó, entre otras funciones, la de revisar los actos de la administración pública que sean susceptibles de impugnación ante los jueces y, si es del caso, suspender provisionalmente sus efectos. En cumplimiento de esta función, ordenó suspender la consulta minera de los ibaguereños mientras revisaba de fondo el contenido de la pregunta formulada.
Ninguna de las dos decisiones anteriores es susceptible de ser criticada por un ciudadano profano en asuntos de leyes como quien esto escribe; sin embargo, nadie negará que entre las dos decisiones hay una incongruencia que perjudica enormemente al municipio: mientras la Corte dice que sí podemos tomar decisiones en asuntos mineros, el Consejo nos niega “provisionalmente” el derecho a la consulta sobre el mismo tema, con el agravante de que esa suspensión “provisional” puede volverse definitiva.
¿En qué quedaríamos, entonces, en este último caso? En que al no poder expresarnos a través de una consulta, quedaríamos sometidos a los vaivenes de la clase política que, así como hoy dice no querer minería contaminante, mañana podría ponerse del lado de las multinacionales, que andan tras las Cortes en procura de un fallo favorable a sus apetitos.
Entre la ciudadanía ya hay plena conciencia de que varias de las sustancias utilizadas en la minería contaminan no solo el ambiente circundante, sino también el lejano, dada su capacidad de propagarse a través del aire y del agua.
Tan graves condiciones para la naturaleza y el ser humano no es mucho lo que importan a las altas clases sociales, pues ellas siempre podrán rodearse de los mejores ambientes. El problema es para el grueso de la población, que no tiene forma de escoger su entorno y que debe convivir en medio de tan dañinas condiciones. En síntesis, es un problema de todos, y todos debemos luchar por su solución. En tal sentido, nos corresponde reeditar, cada vez con más fuerza y frecuencia, las exitosas Marchas Carnaval, siempre conservando en el tintero la posibilidad de un paro cívico. Las circunstancias obligan.
Comentarios