Entre los muchos problemas que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz, el peor ha sido la casi absoluta orfandad de masas con que ha contado. Conocidos los profundos alcances de tales acuerdos, ya era hora de que los sectores populares, orientados por sus organizaciones, estuvieran blandiendo su fuerza en las calles para presionar esa pronta implementación. No ha sido así, y las consecuencias las tenemos a la vista: sigue en el limbo el indulto para los guerrilleros presos, de las zonas veredales el Gobierno tiene muy poco que mostrar y lo que se aprobó de la Jurisdicción Especial para la Paz, si bien corresponde en alto porcentaje con lo acordado, tiene también preocupantes variaciones, con las que se burlan aspectos esenciales del acuerdo.
Acuerdos de paz como el nuestro solo tienen posibilidad de permanecer en el tiempo si hay sincero compromiso de las partes de dar total cumplimiento a las contraprestaciones pactadas, siendo la más significativa la desmovilización de los insurgentes a cambio de permitírseles la defensa de los ideales que los tuvieron alzados en armas y a impulsar las propuestas de gestión que habrán de llevar a cabo en el caso de alcanzar el respaldo popular suficiente para llegar a los órganos de poder.
Debe ser esta, entonces, una concesión sin trabas, y lo que ha aprobado el Senado es condicionar su uso a sentencias absolutorias previas de parte de los tribunales creados dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Para todos es sabido que estos tribunales no existen aún; que su conformación está sometida a la escogencia de los magistrados que los integrarán; que la escogencia de estos magistrados no será fácil, como no lo fue la escogencia del equipo que los seleccionará; y que mientras todos estos pasos se dan, las campañas electorales oligárquicas avanzarán, generándole al partido en que se transformen las Farc un factor de desigualdad adicional a los que han mantenido en condición de gueto a las fuerzas de izquierda en las corporaciones públicas.
Son, pues, muchos los problemas surgidos en este proceso de implementación. Cuánta voluntad haya para resolverlos es una cosa que solo saben quienes participan de las altas decisiones del Estado. Cuánta será la tolerancia que las Farc tendrán ante tanto incumplimiento de los acuerdos es cosa que solo estas pueden definir. Por lo que atañe al pueblo llano, el compromiso debe ser el de salir de su letargo y, actuando bajo la batuta de sus organizaciones, asumir la responsabilidad de evitar que el proceso sea llevado al fracaso por acción de quienes no quieren la paz. Y en esto, las organizaciones tienen la palabra.
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