El pasado 17 de mayo, mediante decreto 378, el Alcalde de Ibagué reglamentó “el aprovechamiento económico del espacio público”. Lo que cabría esperar de semejante disposición es que se orientara realmente a facilitar al ciudadano el aprovechamiento de tan preciado bien, máxime si la emitió un funcionario que, para llegar a la Alcaldía, se comprometió a gobernar en beneficio del pueblo.
Lamentablemente no fue así. A manera de ejemplo, veamos el caso de las tiendas de barrio. Este tipo de negocios muchas veces tienen que extenderse a los antejardines de las residencias, pues de otra forma no darían para atender la adecuada subsistencia de los propietarios y sus familias.
Pues ahora resulta que por utilizar esa preciada parte de su vivienda, el tendero deberá pagar una retribución mensual tan onerosa que terminará obligado a desistir de ese necesario uso, o pasar al estado de quiebra: Por cada “metro cuadrado” tendrá que desembolsar la quinceava parte del salario mínimo legal mensual vigente multiplicada por la cantidad de metros cuadrados que tenga destinados a ese fin y por el 50 % si pertenece a los estratos Uno o Dos, o por el 75 % si corresponde a los Tres o Cuatro.
De acuerdo con esa fórmula, quien, por ejemplo, pertenezca al estrato Uno y su antejardín mida 10 metros cuadrados, tendrá que pagar “mensualmente”, por cada metro cuadrado, la irrisoria suma de 245 mil 905 pesos; es decir, dos millones 459 mil 56 pesos por su antejardín, que equivale a 29 millones 508 mil 680 pesos anuales, suma que seguramente este ciudadano jamás ha visto en su vida, y que muy pocos pagan, no importa de qué estrato sean, ni si a título de impuesto, contribución, retribución o derrame, con el agravante de que en esta área, ni en ninguna otra de su tienda, el tendero podrá permitir a su clientela el consumo de nada que contenga alcohol, ni siquiera una cerveza.
Lo más lamentable es que para meter de manera tan infame la mano a los bolsillos de los ciudadanos e imponerles su sabia decisión, el Alcalde, siempre sintonizado con las necesidades populares, se fundamentó en un exabrupto legal, según el cual los antejardines son de carácter público. Siendo así, ¿lo lógico no sería que el Municipio se encargara de su mantenimiento? Porque de pertenecer a los ciudadanos, esta retribución sería en la práctica un impuesto al patrimonio, que, además de confiscatorio, solo existe en Colombia para patrimonios líquidos superiores a mil millones de pesos.
Como este decreto tiene todos los visos de ser una alcaldada, lo lógico es esperar su inmediata derogatoria o pelear por ella.
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