Ante el asesinato de nueve campesinos en Tumaco, que protestaban por las acciones de erradicación violenta de cultivos de coca emprendidas por la Policía Antinarcóticos, altos mandos de la Fuerza Pública, acudiendo al viejo procedimiento de tirar la bala y esconder la mano, responsabilizaron de los hechos a fuerzas que ellos mismos no se atrevieron a precisar, pues podrían ser exguerrilleros de las Farc, miembros del ELN o bandas criminales. Solo les faltó culpar a disidentes de la corte celestial.
Aunque el informe respectivo no fue avalado por el presidente Santos, lo cierto es que está en contradicción con lo que dicen los campesinos, organizaciones agrarias y de derechos humanos de la región, que son los más autorizados para hablar de estos hechos y sus autores.
Sus sindicaciones señalan directamente a miembros de la Policía, y no hay ningún motivo para no creerles, pues solo a ellos conviene que se aplique una pronta y debida justicia.
El hecho anterior, sumado a la posterior agresión de que fueron objeto los miembros de la comisión internacional (ONU Y OEA) y de derechos humanos que se aprestaba a adelantar las investigaciones correspondientes, es plena prueba de que aún no han quedado atrás los crímenes de Estado y de que la política antidrogas que se está ejecutado no es la misma que está plasmada en los Acuerdos de La Habana.
Por el contrario, la que hay en curso fue la que remarcó el Embajador de Estados Unidos pocos días antes de la masacre, y lleva, no a la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, sino a su extinción a sangre y fuego.
Santos debe hacer honor a su Nobel de paz y poner en cintura a ese generalato que, más que a él, para bolas al tío Trump y a los enemigos de la paz. Lo contrario permitiría conjeturar que todos ellos son uno, y que lo que les interesa es que, más allá del desarme de las Farc y de su conversión en partido político legal, nada cambie para seguir usufructuando un statu quo que solo es favorable a los intereses del gran capital, que Santos representa y de cuyos activistas hace parte principal.
Para superar ese estado de cosas, el movimiento popular debe abrirle paso a un nuevo país; nuevo país sin crímenes de Estado; sin violencia económica, militar ni paramilitar; con paz, justicia social, democracia y soberanía; un nuevo país en el que reine la mayor suma de felicidad posible, como lo quería Bolívar; pero un nuevo país que exige para establecerlo esa unidad que nos ha resultado tan esquiva, pero tan indispensable.
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