Bueno es recordar aquellas admirables épocas en las que fabulosas sumas de dinero ingresaban a determinadas campañas electorales para que los respectivos candidatos, sin siquiera darse cuenta de tan soberano beneficio, pudieran coronar su aspiración política.
Pero eran también épocas en las que los abominables enemigos del beneficiado ganador, una vez enterados del generoso aporte, se daban a la tarea de sacarle los chiritos al sol, para impedirle desempeñar con éxito el cargo para el que finalmente resultaban elegidos. De ingrata recordación es el proceso 8000, cuyos efectos resintieron la libertad de Fernando Botero, Juan Manuel Avella y Santiago Medina, altos directivos de la campaña de Ernesto Samper, y, casi ponen de patitas en la calle a este inquilino del Palacio de Nariño.
Lo más triste de esta historia es que lo aportado solo fue de cuatro mil milloncitos de pesos, los que Samper nunca pudo agradecer, pues los deprendidos aportantes prefirieron permanecer en la sombra, lo que dio para que el beneficiario informara al país que todo ocurrió “a sus espaldas”, como pudo demostrarlo después en la defensa que hizo ante el Congreso.
En Ibagué pasó algo parecido, aunque ya no “a las espaldas”, sino con pleno conocimiento y protagonismo de nuestro informado y eficiente Alcalde. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo firmó un contrato por mil 691 millones de pesos, indispensable para poder resolver una de las necesidades básicas insatisfechas de los ibaguereños: contar con un alumbrado navideño al que no pudiera hacerle sombra ninguno otro del país, y a semejanza de los mejores del continente.
Pues resulta que al doctor GAJ también le salieron al paso ciertos desfacedores de entuertos y, médico al fin y no administrador público, fue fácilmente puesto contra las cuerdas por ignorar que contratos de tan jugosa cuantía solo podían hacerse mediante licitación pública. Se trató de un error reconocido por él, pero del cual también tuvieron culpa sus asesores, que no respondieron a la alta estima en que los tenía el mandatario, pues habían sido reclutados mediante el más riguroso proceso de selección de que se tenga noticia en Ibagué. De sobremesa, en su agitada y corta campaña electoral, él tampoco tuvo la oportunidad de enterarse de que el desconocimiento supino de las exigentes normas de contratación podrían ponerlo en los aprietos judiciales en que hoy está.
Quiera Dios y Dios permita que nuestro burgomaestre pueda salir airoso de este espinoso caso, urdido por envilecidos personajes que sufren con la felicidad ajena. Pero para ello debe hacerse a los servicios de un muy buen abogado. Eso sí, a un precio que no le demande ninguna licitación.
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