Por lo visto, los sectores más retrógrados entre los que han estado al frente del régimen de exclusión que padecemos no cejarán en su empeño de seguir expandiendo sus inmensos privilegios, así tengan que anticiparles el camino hacia la tumba a todos los que se opongan a sus designios. Una prueba está en que, por más que Gobierno y Farc se comprometieron a acabar su enfrentamiento armado, siguieron haciendo del crimen la forma normal de disuadir a la oposición del justo rechazo a sus medidas, las cuales siempre han devenido en un mayor empobrecimiento de la población y el cercenamiento de los derechos políticos y sociales, incluido el derecho a la vida.
En medio de la supuesta persecución al que denominaron narcoterrorismo de las Farc, acentuaron el baño de sangre contra los que se oponen al régimen de explotación que reina en Colombia, así como también, aunque con menos frecuencia, contra los que simplemente han hecho oposición al gobierno de turno. El asesinato de Gaitán, de Pardo Leal, de Galán Sarmiento y de otros aspirantes al solio presidencial, además del exterminio de la Unión Patriótica, son solo ejemplos demostrativos de lo dicho.
Y lo peor es que haber llegado a acuerdos con las Farc para ponerles fin a sus supuestos métodos narcoterroristas no ha servido para que aflojen la cuerda que ahoga a los luchadores populares. Antes por el contrario, la han seguido apretando, como lo ha podido demostrar la conversión en cadáveres de ya más de 205 activistas en los últimos 15 meses.
Es tan acentuada esta tragedia que más de un organismo internacional se ha visto obligado a pronunciarse. Hasta las mismas Naciones Unidas lo han hecho, aunque más que todo porque han comenzado a sentir que se las está poniendo en ridículo al haber avalado unos acuerdos que, a la postre, se convirtieron en señuelo para atraer con el fin de eliminar a quienes esperaban que con su tránsito a la legalidad comenzaría la construcción de un nuevo país, cimentado en la paz, la democracia y la equidad, y orientado al socialismo.
Hay que ponerle fin a este exterminio, pero también al que están padeciendo los luchadores sociales, los activistas políticos, los periodistas independientes, los reclamantes de tierras, los defensores de los derechos humanos y de los acuerdos de La Habana, y, en general, los que quieren un país con respuestas a las necesidades de las inmensas mayorías. Un ponerle fin que puede comenzar con la elección de un Presidente de la República y un Congreso decentes y dispuestos a mostrarnos la luz al final del horroroso túnel por el que estamos pasando.
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