El caso del hoy ya expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, debiera ser motivo de reflexión para los tribunales de justicia colombianos, los cuales, ante hechos idénticos o incluso más graves, solo han producido fallos que además de escasos y con más carga de beneficios que de sanciones ejemplarizantes, han recaído sobre segundos en la escala delincuencial, y no sobre los mayores responsables. Así han sido los casos de Odebrecht, Reficar, Interbolsa, los carteles del sida, etc.
La rabia que tan bochornosos escándalos han producido, con ser mucha, es incomparable con la desesperanza que deja el saber que de la majestad de nuestra justicia ya se perdió hasta la última gota, así como del respeto de que gozaba esta rama del poder público cuando de ella no había echado mano aún la politiquería que hoy cunde en todas las instituciones oficiales.
El señor PPK, estando ad portas de su destitución, prefirió renunciar. Ya antes se había visto en una situación igual, de la cual pudo salir ileso gracias a la negociación que llevó a cabo con algunos congresistas de la cuerda de Alberto Fujimori, a los cuales les prometió indultar al genocida a cambio de que evitaran que el Congreso lo destituyera.
Por supuesto que el caso de Kuczynski no es el primero en mostrar que las instituciones peruanas funcionan mejor que las nuestras. Así lo evidencia el mencionado caso Fujimori y el de su carnal Vladimiro Montesinos. Lo confirman, igualmente, la extradición aplicada a Alejandro Toledo por sus vínculos con Odebrecht, y la privación de la libertad que hoy sufren Ollanta Humala y su esposa por vínculos con la misma constructora.
En definitiva, Perú nos produce envidia. Los casos de corrupción de nuestras oligarquías en el poder, ejecutados desde el interior mismo de sus instituciones, o promovidos desde fuera por el gran empresariado, no reciben la misma atención que les dan a casos parecidos nuestros hermanos del sur.
Lo nuestro no es justicia, es impunidad justificada con leguleyadas como aquella que impidió una destitución porque los hechos imputados “ocurrieron a mis espaldas”; o porque al acusado que concedió una coima no se le pudo demostrar el hecho, como si se le demostró a quien la recibió; o porque quien cometió el delito estaba amparado por fuero presidencial cuando lo cometió.
Estas son razones suficientes para que realicemos cuanto antes una asamblea constituyente, pero no limitada en sus propósitos ni orientada a retroceder en cuanto al ordenamiento constitucional, como quiere la derecha, sino a crear condiciones avanzadas para resolver los problemas de nuestro país, los cuales no se limitan a estos de la justicia y la impunidad.
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