La consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto tiene su alma en los puntos dos y tres de su cuestionario: ¿Quiere usted que al corrupto se lo castigue con cárcel real y efectiva, que se le rescindan todos los contratos que tenga con el Estado y se lo vete para futuras contrataciones? ¿Aprueba usted que se les corten las alas a los funcionarios del Estado para que no manipulen los procesos de contratación a favor de sus amigos y de sus propios bolsillos?
Los interesados en que no concurramos a la consulta, es decir, los mismos corruptos y sus cómplices, argumentan que ya existen normas que permiten contener la corrupción. Lo que no dicen es que la mayoría de tales normas están romas por su desuso o intencionalmente amelladas. La consecuencia de esta debilitada normatividad es que sean muy pocos los corruptos castigados, y que estos pocos lo hayan sido más por el control político que la oposición realiza en el Congreso que por acción de la justicia.
Un acicate a la corrupción es el de los excesivos beneficios con que contaría el virtual condenado. La capacidad disuasiva de una pena es casi inexistente si este personaje sabe que, en el caso remoto de ser pillado, podrá cumplirla cómodamente en su casa, disminuirla por estudio, trabajo, buena conducta o cumplimiento parcial y, además, con gran posibilidad de que solo tenga que devolver una parte ínfima de lo robado, pues él bien sabe cómo ocultar el resto. Estos beneficios, que están presentes en todos los casos penales, deben proscribirse cuando, como en el caso de la corrupción, el ofendido sea el Estado, en el que presuntamente está representada toda la sociedad.
En cuanto a la transparencia en la contratación, lo que la consulta busca es erradicar la costumbre de contratar a dedo cuando se requiere dar cumplimiento a procedimientos especiales, como es el de hacerlo a través de licitación. Contratar a dedo solo puede tener el propósito de hacerlo con quienes haya que devolverles un favor electoral, o de quienes sea posible obtener el más jugoso CVY (como voy yo), lo cual repercute también en un detrimento patrimonial, por el encarecimiento que tal proceder le genera a lo contratado.
Los argumentos de quienes desestiman la importancia de la consulta están, pues, totalmente desenfocados, y propalarlos es apadrinar el juego de los corruptos. Lo que se quiere con una respuesta afirmativa a sus preguntas es quebrarles el espinazo a quienes anualmente se roban 60 billones de pesos, suma que representa el siete por ciento del Producto Interno Bruto. Por eso, todos a las urnas el próximo 26 de agosto.
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