La paz en el patíbulo

Rodrigo López Oviedo

A la presidenta de la JEP, doctora Patricia Linares Prieto, le quedó corto el rechazo “tajante y rotundo”, que le hizo a la “indebida intromisión” de la Fiscalía General de la Nación en los asuntos de su jurisdicción, que no son, ni más ni menos, que los de sacar adelante uno de los aspectos más importantes del proceso de paz: garantizar a las víctimas del conflicto armado el derecho a conocer a sus victimarios y a conseguir justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos de violencia que les han colmado de luto y angustia su diario vivir.

Haber tenido que recibir en sus instalaciones a un agente de Policía judicial, enviado con los propósitos de practicar una inspección y demandarle a uno de los magistrados información sobre el trámite surtido a un proceso a su cargo, no puede calificarse de simple intromisión. Hace parte de un bien urdido plan de bazucazos contra el proceso de paz, de cuya formulación han sido autores el señor Fiscal, las Cortes y el Congreso, y cómplice Juan Manuel Santos por su indolencia ante los ataques de que el proceso fuera víctima durante su mandato y a sus equivocadas decisiones, supuestamente orientadas a defenderlo, como la de convocar un innecesario plebiscito que, al perderse, terminó sirviendo para disminuir la trascendencia del Acuerdo.

El retrato más fiel de lo que está ocurriendo lo han pintado Iván Márquez y Oscar Montero, dos caracterizados excomandantes farianos en peligro de tener que volver a serlo. En reciente misiva, han señalado múltiples hechos a través de los cuales los enemigos de la paz aspiran a llevarla a su fin.

Fomentar la incertidumbre jurídica entre los exguerrilleros y hacerles inalcanzables a muchos los beneficios de la amnistía o el indulto, impedir que las víctimas del conflicto puedan contar con jurisdicciones especiales desde las cuales elegir sus representantes a la Cámara, negar a los campesinos el derecho a la titulación de sus tierras y a la reforma rural integral; llevar a cabo montajes judiciales, como el que se le hiciera a Jesús Santrich, para estimular disidencias en las Farc; impedir la reforma política y desnaturalizar la JEP son solo algunos de los hechos que los mencionados comandantes presentan como pruebas de lo que los enemigos de la paz han sido capaces de hacer y de seguir haciendo para sacar adelante sus propósitos guerreristas.

Este es el cuadro de incumplimientos y deformaciones al que ha estado siendo sometido el proceso de paz, el cual podría tener el camino asegurado hacia el cadalso si los colombianos no le atravesamos nuestra voluntad, contraria a tan demencial propósito.

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