A raíz del incremento del seis por ciento que se le hizo al salario mínimo legal, a algunos medios de comunicación, altos funcionarios del Estado y dirigentes sindicales solo les faltó decir que lo que les espera a los trabajadores para el 2019 es ríos de miel y leche. Según lo dijo la Ministra del ramo, este tipo de salarios no había tenido un incremento real igual en los últimos 25 años.
Lo que estaban obligados a reconocer es que, no habiendo habido un incremento salarial real en tal periodo, los que se les hicieron no lograron igualar siquiera la pérdida de su poder adquisitivo, siempre erosionado por un incremento exponencial del costo de la canasta familiar, especialmente en aquellos productos de consumo indispensable, que son los que mayor encarecimiento sufren.
Las centrales obreras habían propuesto el 12 por ciento, aunque estaban convencidas de que con él no quedaba saldada la deuda acumulada de la patronal con los trabajadores. Sin embargo, siendo conscientes de la debilidad del movimiento sindical, optaron por resignar su demanda al incremento finalmente registrado.
Qué bueno hubiera sido que la representación laboral se hubiera mantenido firme en su reclamo. Desafortunadamente, solo lo hicieron la CUT y los pensionados. Las demás direcciones sindicales optaron por acatar pasivamente la voluntad de los patronos y el Estado.
Lo peor es que ese seis por ciento solo beneficiará a una pequeña parte de los trabajadores, pues quedará al margen una inmensa mayoría, de la cual hacen parte los desempleados que buscan empleo; los que disimulan su desempleo como saltimbanquis en los semáforos y en otras actividades afines; los que sufren los efectos de la informalidad empresarial, que deriva en contratos espurios, a muchos de los cuales ni siquiera se les reconoce su condición de contratos de trabajo, y los desempleados que ya no buscan salir de tal condición, dado el sinnúmero de frustraciones recibidas en búsquedas anteriores.
Esas son, por supuesto, anomalías de un mercado laboral del cual el Estado es consciente, pero no hace nada por resolverlas. Por el contrario, se escuda en ellas para no solucionar muchos problemas, como, por ejemplo, el que se comenta de un incremento salarial injusto, pues, en caso de resolverlos, según dice, se dispararía la informalidad.
Los trabajadores podrían encontrar un principio de solución a muchos de sus problemas si lograran la expedición del Estatuto Orgánico del Trabajo, que está ordenado por la Constitución, pero a lo cual no ha procedido el Congreso, tal vez por falta de presión popular. Alcanzar esta regulación serviría de estímulo para encarar otras luchas, y por eso las mayorías congresuales prefieren negarla.
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