Democracia y constituyente primario

Rodrigo López Oviedo

Si la democracia fuera el gobierno del pueblo, no debería haber pueblo excluido de su ejercicio, salvo por casos de interdicción judicialmente determinados. El caso es que excluidos sí los hay, como son los menores de 18 años, los miembros de la fuerza pública y los que purgan condenas en establecimientos carcelarios.

Podría pensarse que hay justeza en los dos últimos casos; sin embargo, por el solo hecho de que los menores estén excluidos, ya cojea el concepto de democracia como gobierno del pueblo.

¿A quiénes ha quedado reducido, entonces, el ejercicio de la democracia? Tomando en cuenta que estamos hablando solo de democracia política, para ejercerla únicamente está autorizado el constituyente primario, es decir, el conjunto de personas que cuentan con derecho al voto, según la Registraduría.

Pero la definición de democracia también incluye el concepto de “gobierno para el pueblo”. Esto significa que los intereses que debe atender un gobierno democrático son los del pueblo, expresados a través del constituyente primario. En consecuencia, lo de esperar que ocurra en una sociedad democrática es que las decisiones que se adopten representen los intereses de ese constituyente primario.

¿Ocurre así en Colombia? Por supuesto que no, y la razón es muy sencilla. En todos los países del orbe capitalista, y el nuestro no es la excepción, el constituyente primario no es un cuerpo social en el que todos sus integrantes tengan los mismos intereses. Contrario a ello, está dividido en clases, entre las cuales se dan intereses contradictorios, incluso antagónicos, como los que hay entre burgueses y proletarios.

Ante tal agrupamiento social, el poder político no puede expresar los intereses de todo el pueblo, y se hace necesario un mecanismo que permita determinar los intereses de clase o coalición de clases que el gobierno ha de privilegiar con sus decisiones. Ese mecanismo es el sistema electoral, al cual se puede acceder, bien como candidato, o bien como elector, a través, fundamentalmente, de partidos políticos.

Pero lo anterior es mera teoría. El proceso electoral, en la práctica, solo sirve para disimular la realidad antidemocrática en que vivimos. Ninguno de nuestros procesos electorales ha estado libre de engaño a los electores, a la mayoría de los cuales se le hacer creer que detrás de determinado partido está la solución a sus problemas, cuando en realidad representa los intereses de una clase a la que no pertenece.

Es un engaño burdo, acrecentado por los grandes medios y agravado con la compra de votos y la distorsión de los resultados en la propia Registraduría, organismo este cuya corrupción llevó al cura Camilo Torres a decir que “el que escruta elige”.

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