Lo que parecía ser una buena noticia para el movimiento comunal se está convirtiendo en motivo de incomodidad. Para darle cumplimiento al Conpes de diciembre de 2018, el Ministerio del Interior creó el Banco de Acciones Comunales –BAC- con el supuesto fin de participar en la financiación y ejecución de las iniciativas de desarrollo de las juntas comunales.
Esta iniciativa padece de dos dolencias que la despojan de su atractivo, el aspecto financiero y el informativo.
Con respecto a lo primero, el BAC solo manejará 10 mil millones de pesos, lo cual representa una migaja, escasamente el 0,53 por ciento del billón 900 mil millones que el Gobierno está en trance de pagarle al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento, por concepto de lo que el mismo Grupo, a través de Corficolombiana, perdió como concesionaria con Odebrecht en la Ruta del Sol.
Lo segundo es que todas las juntas comunales tendrán que inscribirse en un mal nacido Registro Único Comunal, manejado por el mismo Ministerio, en el cual deben consignar la más copiosa información de que disponga entidad pública alguna, y escanear los soportes respectivos para su envío a la misma Entidad. De este escaneo hacen parte los estatutos de las juntas, el RUT, las cuentas bancarias, el plan de acción comunal, los libros de afiliados, de tesorería, de inventarios y de actas -tanto de las asambleas como de las reuniones de dignatarios y de cada uno de los comités-, etcétera.
Pero eso no es todo, lo peor es que deberán remitir también información igual de abundante de todos y cada uno de sus afiliados, como, por ejemplo, el grupo étnico al que pertenecen, si poseen alguna discapacidad, si hacen parte de la comunidad Lgbtiq, el nivel académico, la edad, dirección, teléfono y correo electrónico.
Ante lo anterior, nos preguntamos: ¿Para qué necesita un ministerio semejante prolijidad de información? ¿Qué irá a hacer con ella? ¿No tiene con la que ya reposa en las oficinas de vigilancia comunal de los distintos municipios? ¿Estará trabajando por encargo de alguna organización política con miras a eventos electorales? ¿No se habrán percatado del aprovechamiento ilícito que de este tipo de información hace uso la delincuencia de cuello blanco? ¿No habrán oído hablar de hackers, chuzadas y demás? ¿Tampoco de la forma como la violencia posconflicto ha golpeado a los comunales? ¿No se parece esto a un empadronamiento y no se sabrá en el Ministerio que esté solo puede ordenarse mediante una ley y no con un simple instructivo?
Los dirigentes comunales deben reflexionar sobre esto y promover las acciones correspondientes entre los integrantes del movimiento, del cual son líderes naturales.
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