El año pasado, un municipio tolimense conocido por ser el único lugar del país que tiene ostras de agua dulce, desafió a una de las empresas mineras más grandes del mundo. Por medio de una consulta popular, Piedras le dijo no a los desechos tóxicos derivados de la extracción de oro.

Muchos funcionarios pusieron el grito en el cielo, porque vieron en la consulta popular una violación de la legislación minera. Sostienen que como el subsuelo es propiedad del Estado, solo el Gobierno nacional puede ordenar la minería, es decir, decidir dónde puede hacerse y en qué condiciones.

Algunos de ellos pasaron del grito al hecho. Por llamar a la consulta, la Procuraduría Provincial de Ibagué anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el Alcalde de Piedras: una falta que nadie entiende y que parece salida del sombrero de un mago. Como ocurrió con Petro, el proceso puede terminar en su destitución.

Pero ni las consultas populares sobre minería son ilegales ni convocarlas es una falta disciplinaria. La razón es muy simple: el Gobierno nacional está plenamente facultado para escuchar sus resultados y para tomar decisiones sobre los proyectos mineros basado en ello. Esto es perfectamente compatible con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema.

En cualquier caso, la discusión sobre las consultas populares en minería sigue abierta y en ella, la Procuraduría Provincial bien puede tener su propia opinión. Sin embargo, de ahí a abrir un proceso disciplinario contra las autoridades que sostienen una interpretación distinta, hay mucho trecho.

La actuación de la Procuraduría provincial luce excesiva y parece estar en las fronteras del Código Penal. Por ese motivo, ha cobrado fuerza la idea de que las organizaciones ambientalistas podrían presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios que están extralimitándose en sus funciones.

A la Procuraduría Provincial de Ibagué se le fue la mano con el Alcalde de Piedras. Entre el abuso de poder y la comisión de un delito hay una línea muy delgada. Aún está a tiempo de rectificar, por medio del archivo de la investigación.

*Abogado ambientalista Tolimense