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Sin ir a la consideración cierta y al juicioso estudio sobre la etiología real de la degradación moral, a que ha llegado el país: la bajísima eficacia en términos de productividad del sistema de justicia y la deficiente calidad en casi todos sus niveles, desde el policivo hasta los órganos de cierre y dirección nacional de cada jurisdicción, generadores por acción u omisión, de toda laya de conductas contrarias al orden social que surgen al amparo de la impunidad, tal como lo registran las mediciones efectuadas, coincidentes con los estudios realizados por la Corporación Excelencia en la Justicia. Porque estamos ciertos que de ahí deriva la mayor parte del clima de violencia que nos agobia y que se evidencia desde el descomedido trato cotidiano que se da entre comuneros y copropietarios de inmuebles; el desorden y el inadecuado manejo de las basuras junto con la estridencia de la difusión de la música y el bullicio entre vecinos;, la forma agresiva de manejar toda suerte de vehículos en la vía pública y la desafiante actitud de los peatones frente a los conductores; la actitud hostil de los ofertantes de productos en la calle y la acritud de los mendigos al demandar limosna y de los que despectivamente rechazan a estos, y ni qué decir del ambiente que se respira en los escenarios deportivos o en los planteles educativos, y hoy frente a las recomendaciones de autocuidado y precaución con la Pandemia, todo en ausencia de autoridad que ponga orden y discipline los comportamientos.
No en balde somos “el paraíso soñado del narcotráfico” con todo el ambiente de quebrantamiento de la ley que gira en derredor suyo: un estado generalizado de impunidad convertido en caldo de cultivo de la más perversa delincuencia y la más degradante de las actividades humanas.
La justicia preventiva de Policía no existe; las pequeñas causas se encuentran en un limbo jurídico; a la justicia penal la asfixió el exagerado garantismo; la jurisdicción civil pereció convertida en apéndice del sector financiero ante el exceso de acciones para el cobro de sus acreencias; las altas cortes sin respeto por su dignidad disputan a zarpazo limpio su preeminencia y, politizadas como están, debaten con el legislativo y el ejecutivo buscando ampliar su área de influencia en la opinión, y si a esto le agregamos la lenidad, engorrosos procedimientos, la deficiente formación de sus funcionarios y muchas veces la corrupción, se completa un cuadro que explica con suficiencia la inextricable relación de causa-efecto de la violencia con un sistema de justicia fallido.
La frustración de la ciudadanía al acudir en demanda de una pronta y cumplida justicia, crece hasta la desmesura ante tan brumoso panorama, y la falta de respuesta oportuna y eficiente termina por traducirse en acciones de autodefensa o justicia por “propia mano” que generan más injusticia, violencia y mayores grados de frustración en una interminable espiral que ya nos condujo al “callejón sin salida” en que nos encontramos y nos mantiene en él. ¡Y así seguimos pensando que estamos en la antesala de la paz !
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