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Y es que no pueden bastar, -como recientemente lo decía un aspirante a alcalde de una gran ciudad en reportaje radial -, los deseos de llegar al primer cargo municipal, por nobles que sean los propósitos que los inspiren, para satisfacer a una ciudadanía ávida de realizaciones y requerida de buenos orientadores de la gestión pública, y para moverla a votar por ellos y entregarles las riendas de su futura suerte.
Se precisa que quien aspire, primero haya conformado equipo y realizado un estudio metódico y serio sobre una realidad tan cambiante y compleja como la de Ibagué y por lo mismo difícil de aprehender.
Por años lo hemos repetido: la ciudad demanda un gerente con un equipo honesto y preparado, desvinculado de las camarillas politiqueras y capaz de concitar el esfuerzo de los centros universitarios, los gremios y las asociaciones comunitarias para ver de solucionar definitivamente el saneamiento financiero buscado con tanto esfuerzo y dificultad después de la funesta gestión del burgomaestre Hurtado y la de su antecesor.
Máxime cuando la ciudad de hoy difiere grandemente, tanto cuantitativa como cualitativamente, de la de hace unos pocos años, pues por razón de los incontrolados flujos migratorios originados en Venezuela y en la violencia que continúa afectándonos sin pausa, las dificultades han aumentado de manera desmesurada superando cualquier intento de planificación, requiriendo en forma exponencial recursos de toda índole, pero sobre todo espacio para el trabajo y la vivienda de los recién llegados, con grave deterioro de su precario tejido urbano.
Con las manidas fórmulas de antaño y la permanente improvisación, no podremos sino alcanzar más de lo mismo y atrasarnos más, frente al desarrollo nacional.
El electorado poco visualiza que los pretendientes a Alcalde, no solo en Ibagué sino en casi todo el país, con contadas excepciones adolecen de falta de claridad sobre la complejidad del cargo que ambicionan desempeñar, en cuanto jefes de policía y responsables directos de la preservación y la defensa de la ecología y los recursos renovables en su respectiva jurisdicción, y de lo que a indigentes, niños, ancianos, industrialización, empleo, transporte, recreación, energía, sistematización, aeropuerto, servicios, justicia, salud, vivienda, educación, transporte masivo, preservación del espacio público, entre muchísimos otros temas, respecta, y piensan que no es preciso conocer sus obligaciones mostrándose indiferentes frente a ellas, porque la organización centralizada del Estado que rigió por décadas en Colombia y que aún persiste, aclimató la idea de una provincia irresponsable, conducida por funcionarios idem a través de una estructura jerarquizada de la administración pública, que equiparó a los ciudadanos de todos los municipios distintos a Bogotá con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propias políticas de desenvolvimiento.
Con el obvio desmedro de los niveles de bienestar comunitario y de la calidad de vida del hombre de la calle y acentuando las inequidades y diferencias sociales, que son las que en últimas conducen a la pérdida del sosiego común.
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