La corrupción: Un mal que sigue atentando contra el desarrollo

Ante los tantos y tan continuos casos de corrupción que por años se han venido registrando en todos los órdenes del país, tantos que lo han llevado a ser clasificado hoy como uno de los más afectados por este flagelo en el orbe, la perspectiva de un cambio radical determinó que en los pasados comicios se eligieran, un presidente y nuevos actores de una izquierda si bien desconocida y en veces hasta temida por su radicalismo, en espera que estos sí cambiaran tal estado de cosas.
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Pero tal cosa se tornó en imposible puesto que ya los valores se han trastocado y alteradas tan negativamente las costumbres en Colombia, que para el actual gobierno del “Pacto Histórico” y sus miembros, también resultaron válidos el uso y el abuso indebidos de los bienes comunitarios, no obstante, que era lo que condenaban y ofrecían cambiar en tiempos de campaña.

Una clara muestra de esto, la tipifica el abusivo gasto realizado por la Primera Dama, Verónica Alcocer, al ser designada por el Gobierno de su “austero esposo” como “embajadora de misión especial”, a través del decreto 1863 de 2022 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que fuera, en compañía de su asesora de imagen y un fotógrafo, (¿) a imponer la Cruz de Boyacá en Oslo, Noruega, al Embajador John Petter Opdahi (?); (¿)viajar de compras a París (?), y asistir en Nueva York a la Asamblea General de la ONU junto con su cónyuge, para de allí desplazarse a (¿) acompañar al Canciller en los funerales de la reina Isabel II en Inglaterra y a Tokio a los del asesinado, -al parecer por la extrema izquierda-, ex primer Ministro de Japón, Shinzo Abe (?), todo ello concretado en el gasto de la bicoca de $63.747.872,oo, pagados en su integridad con dineros públicos. 

Así las cosas, ya no resulta exagerado afirmar que definitivamente el esperado cambio no se dio y que continuamos inmersos en la “anticultura” de la utilización en provecho propio de los recursos del erario público, en la que además se ha llegado al extremo, como lo estamos observando, de elegir legisladores y designar ministros, embajadores, dirigentes sindicales y hasta comunales, sin revisar su pasado, o en las más de las veces a sabiendas de su ilegítimo comportamiento o de su contubernio con oscuros negociantes, permitiéndoles a estos ejercer su mandato y hasta legislar en su favor o en el de su clientela, por solidaridad de grupo o en agradecimiento por los favores recibidos o que se esperan recibir.

Para que a su vez los designados nombren en los cargos de confianza y manejo a correligionarios que les faciliten su depredatoria tarea o les colaboren en la misma, con lo cual la corrupción se extiende y generaliza.

Ante lo cual solo caben la censura y la denuncia por parte de quienes tenemos la convicción que el abuso, la corrupción y el fraude a la ley deben combatirse, vengan de donde vinieren y realícelos quien los realice, sin subjetivas discriminaciones en su valoración.

Aspirando que a tales reproches se añada la sanción legal que tales comportamientos merecen y sobre todo a la más eficaz: “la social” que se expresa en el señalamiento y rechazo que la opinión debe darle a quien así actúas sin medir la incidencia que aquellos tienen en los pobres niveles de desarrollo del país, en su grado de atraso y en las altas cotas de violencia que hemos alcanzado, mismas que el gobierno del exguerillero Petro, continúa diciendo combatir para alcanzar una “paz total”.

 

MANUEL JOSÉ ÁLVAREZ DIDYME-DÔME

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