El porte de armas

Necesaria y oportuna la medida tomada por las autoridades de la capital de la Republica en el sentido de prohibir durante tres meses como periodo de prueba el libre porte de armas, ya sean con permiso legal o no.

Oportuna por cuanto los niveles de violencia en toda Colombia ya están llegando a niveles verdaderamente preocupantes tanto para las autoridades como para la población civil. Como lastimosamente ocurría hace algunos años los noticieros tanto de televisión como de radio, solamente dan cuenta de hechos de violencia a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Como la mayoría de nuestros mandatarios locales son un poco copietas de lo que se hace en la Capital, lo más probable es que esta medida sea también implementada en otras regiones del país, lo cual me parece afortunado para el bienestar de la comunidad. La experiencia de autorizar el libre porte de armas a la población civil, en ningún lugar del mundo ha sido afortunada y generalmente se pasa de la libertad a la prohibición absoluta cuando la violencia se desborda como consecuencia de esta libertad.

Colombia en ningún caso ha sido la excepción a este comportamiento relacionado con el libre porte de armas. Las guerras civiles que tanto asolaron al territorio nacional durante casi todo el siglo XIX en buena medida fueron una consecuencia del libre comercio y venta de armas contemplado en las constituciones de la mayoría de los Estados Soberanos durante la vigencia del sistema federalista que estableció la vigencia de los Estados Unidos de Colombia, aprobada en la convención de Rionegro en 1863. La Constitución de 1886 que corrigió categóricamente esta peligrosa determinación constitucional abrió el camino para ejercer un mayor control sobre esta mercancía tan peligrosa para la salud pública. En la actualidad lo más probable es que sea el comercio clandestino el que ha venido armando a buena parte de nuestra población como para llevarnos nuevamente a esta violencia desbordada que esperamos se controle con estas medidas preventivas. El sentido común del buen gobernante se manifiesta en el buen diagnóstico de los problemas sociales para actuar con eficacia. Sean unos u otros los problemas de las comunidades lo importante es que las medidas tomadas contribuyan a mejorar la calidad de vida y a evitar que la indisciplina social rompa el sano equilibrio social.

Credito
Alfonso Marín

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