Asistimos en los últimos días a una nueva primavera de los trabajadores del país, esta vez los del llamado Sector Salud. Con el ejemplo dado por los estudiantes en la MANE, la Dignidad de campesinos, indígenas, obreros del campo y empresarios y el de los mineros nacionales, esta vez se encuentran en las calles médicos, enfermeras, gerentes de hospitales, estudiantes y muchos otros con una demanda común, que NO continúe el proyecto de ley ordinaria 210 que reforma la ley 100 de 1993 por tercera ocasión.

Por Una Salud Digna en Colombia se configura como un nuevo movimiento amplio que rechaza la propuesta del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, para reformar un Sistema de Salud que padece una enfermedad terminal.

Es curioso, pero sucede lo mismo que en sectores tan disímiles como el agrícola; los problemas están diagnosticados y los estudiosos han dictado sendas recomendaciones para que se cambie de terapéutica, se utilicen otras medicinas, si se quiere alternativas, que remedien tan prolongada crisis.

La teoría de competencia regulada “managed health care”, estructura de la reforma que se instauró hace dos décadas, contempló el proceso Salud-Enfermedad como un mercado, en el cual había que poner a competir a unos actores, que al final darían como resultado una mejora en la eficiencia, la calidad y el acceso a los servicios de salud. Por mil razones conocidas, las EPS, el POS, los Regímenes Diferenciales, las políticas aplicadas a la Red Publica Hospitalaria y la Flexibilización Laboral, no han conducido sino al desconcierto generalizado.

El Ministro, caminando por la vereda contraria a los intereses nacionales, propone una reforma que incrustaría definitivamente a los intermediarios de la salud, convertidos en Gestores, al modelo de atención colombiano. Obedecen sus haberes al interés efectivo de la nación a mantener la salud y combatir la enfermedad o más bien al negocio que pretenden algunos criollos y otros forasteros seguir disfrutando.

No sobra decir que se requiere de clínicas privadas, hospitales, laboratorios, trabajadores, y demás prestadores, para que el sistema funcione. Lo que sobra es el intermediario que se enriquece negando servicios y colocando barreras al acceso.

Por una salud digna en Colombia, la Cámara de Representantes debe archivar el proyecto de ley de Reforma a la Salud.