La crisis del aseguramiento en salud

Wilson Cediel Marín

Médico, Esp. Seguridad Social

Las Empresas Sociales del Estado ESE, como se llama a los hospitales públicos en Colombia desde 1995, protestaron la semana pasada por las consabidas deudas de las EPS, que ya sobrepasan los seis billones de pesos. Súmese a esta enorme cifra los 5.8 billones que las mismas deben a clínicas y hospitales privados en el territorio nacional, quienes de igual manera vienen haciendo un firme llamado de alerta, (dato oficial de Acesi y Achc). La falta de estos recursos limita el funcionamiento normal de los servicios de salud y mina la calidad en la prestación de los mismos.

La protesta además se cumple por la manera como la Superintendencia de Salud viene obrando contra estas instituciones hospitalarias y en claro favorecimiento de las deudoras. La circular 013, de reciente expedición, además de tender un manto de duda sobre el actuar de hospitales y clínicas, les pone la soga al cuello, advirtiendo sobre procesos administrativos, disciplinarios y penales, si acuden al cierre de servicios como medida desesperada para cobrar su cartera.

Lo que sabemos con claridad es que los servicios de salud se están cerrando por la sencilla razón de no tener cómo pagarle al personal, mantener los equipos básicos o pagar los servicios públicos. Las EPS o Administradoras de Planes de Beneficios, intermediarias del dinero de la salud, han dilapidado los recursos ante la mirada complaciente del Ministerio, desde donde se disponen decretos y resoluciones flexibles, que les permiten seguir haciéndoles conejo a los colombianos.

La intervención y posterior liquidación de Saludcoop y Caprecom han dejado multimillonarias sumas de dinero convertidas en papeles que nadie pagará a los hospitales. El modelo “Palacino” se impuso en la salud. No se equivocan los líderes de opinión, en acomodar en el último lugar a Alejandro Gaviria, ministro etéreo de las EPS. “Por algo será”, dice el adagio popular.

El hospital Federico Lleras Acosta pronto será entregado de nuevo al Departamento, pero poco se sabe de las gestiones hechas por el agente interventor de la Supersalud. De lo que sí estamos al tanto fue de los recortes de personal y cierres de servicios que hizo. El San Francisco de Ibagué, en cambio, por un déficit inferior a su cartera con las EPS, puede ser liquidado en los próximos meses, si a bien lo considera el Concejo.

¿Será que los 300 pesitos de la reforma tributaria a las bebidas azucaradas, “destinados a la salud”, harán bajar de peso a algunos o más bien le engordarán el bolsillo a otros?

Comentarios