Por una ciudad incluyente

Edwin Andrés Martínez Casas

El pasado miércoles 4 de noviembre, la Corte Constitucional decidió dar vía libre a la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio fue aprobada con seis votos contra dos, en una decisión histórica y afortunada para la historia de Colombia.

Por supuesto, la reacción de los sectores más afines a la negación del ideal democrático que encarna esta trascendental decisión, no se hizo esperar: el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que pedirá la nulidad de este fallo.

De igual forma, la senadora “liberal” Viviane Morales se manifestó en contra al señalar que la decisión es “antidemocrática”, pues fue tomada por nueve personas, cuando debiera ser el pueblo quien resuelva la controversia sobre este tema. La Conferencia Episcopal de Colombia ha hecho lo propio, al señalar que “los menores de edad tienen derecho a una familia, fundada en el amor y el compromiso entre un hombre y una mujer”. Es ya larga la lista de llamados a la “voluntad popular” y a las mayorías para oprimir los derechos de las minorías, como si una mayoría tuviera el derecho de decidir a quién se debe amar o con quién se debe compartir la vida y formar una familia.

Por supuesto, que Ibagué no es ajena a este tipo de debates surgidos a raíz de la decisión de la Corte. Precisamente, el periódico El Nuevo Día, en su página de internet, publica una nota recogiendo las impresiones del congresista tolimense Carlos Edward Osorio, de Gustavo Vásquez, párroco de la catedral de Ibagué, quienes están en contra de la posibilidad abierta por el alto tribunal, así como de Juan Sebastián Feged, integrante de la comunidad Lgbti, quien resalta lo positivo de esta decisión al estar en la dirección correcta de favorecer la inclusión social de una comunidad discriminada de diversas formas, pero también al abrir la posibilidad de que muchos niños tengan un hogar amoroso.

Además de ello, el periódico hace una encuesta en su página en la que el 72 por ciento de los participantes manifiesta su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. El 28 por ciento restante se muestra a favor. Estos resultados no son extraños; precisamente, el jueves 5 de junio, en el marco de las actividades del Programa Ibagué Cómo Vamos, se realizó la socialización del Índice de Progreso Social para 10 ciudades de Colombia, en la que se incluye a Ibagué. Los resultados arrojan, entre otras cosas, que una tarea pendiente en la ciudad es mejorar la dimensión del progreso social relacionada con las oportunidades, en especial la libertad personal y de elección y la tolerancia e inclusión.

En efecto, el índice de progreso social en el campo de la tolerancia e inclusión, se ubica apenas en 35.8 en una escala de 100, lo cual denota que Ibagué no es una ciudad tolerante e inclusiva con las minorías. Esto es consistente con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana del año anterior, de la cual se extrae que apenas el 21 por ciento de los ibaguereños señala que existe respeto por la población Lgbti.

Lo anterior, deberá ser materia de especial atención para la próxima administración municipal, si queremos avanzar en la construcción de una ciudad de personas libres en la que las diferencias de credo u orientación sexual no sean excusa para la discriminación o la violencia.

Urge la construcción de una política pública de inclusión social para la población Lgbti que incorpore programas dirigidos a fomentar el respeto y la participación en la vida política, social y cultural de la ciudad musical de Colombia.

(*) Coordinador Programa Ibagué Cómo Vamos

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