La situación de la economía nacional no es la mejor. Varios indicadores macroeconómicos están presentado comportamientos preocupantes: el déficit en cuenta corriente está cerca del 7% del PIB; la devaluación y el fenómeno de “El Niño” han disparado la inflación en 2015 al 6.8%; aunque la tasa de desempleo ha disminuido, sigue siendo la tercera más alta de toda la región, sumado al peso que tiene la informalidad en la estructura del empleo nacional.
Así mismo, las previsiones más optimistas ubican el crecimiento del PIB en 2016 en el orden del 2.8%, cifra que seguramente tendrá que ser revisada hacia abajo en los próximos meses.
El telón de fondo es la nueva etapa de la crisis mundial, que ahora se traslada a las economías denominadas “emergentes”, cuyo paradigma es China. El país asiático lleva cuatro años sin poder cumplir con las expectativas exportadoras fijadas desde el nivel central y es claro el escenario de ralentización de su crecimiento; además, ha vivido recientemente turbulencias en sus mercados financieros, a tal punto que la bolsa ha cerrado su operación antes de terminar la jornada, cuando se presenten caídas superiores al 7%.
Otras economías emergentes relativamente importantes como Brasil siguen presentando serios problemas y su economía continúa estancada. Por otro lado, en el caso de la Unión Europea no es claro aún que haya superado de forma definitiva la crisis y las economías más débiles de la zona continúan con serios problemas de endeudamiento, desempleo y bajo crecimiento.
De igual forma, todo parece indicar que la tasa de interés en los Estados Unidos podría seguir subiendo, con lo cual, mientras se mejora la situación externa americana, se atiza la crisis externa del resto de las economías del planeta.
Es importante tener en cuenta este largo y espinoso contexto, para comprender el afán del Gobierno nacional por vender a Isagén, un activo estratégico del país, en una caricatura de subasta el pasado miércoles. Más allá del posible apalancamiento de las famosas vías 4G y, de paso, el favorecimiento a la futura –e inexorable- campaña presidencial del vicepresidente Germán Vargas Lleras, esta decisión busca tapar el hueco fiscal que se abrió en el contexto de un pésimo manejo de la “bonanza” de los commodities.
Ahora y como siempre, reapareciendo como un rasgo estructural que hace parte de la personalidad histórica del bloque social dominante en sus distintos matices y variantes, se pretende trasladar buena parte del hueco fiscal que dejan las leoninas concesiones y exenciones tributarias en el marco de la “estabilidad jurídica” a la población trabajadora y las capas medias.
La reforma tributaria y pensional que se avecinan, son la manifestación lapidaria de este intento.
Lo anterior muestra la estrechez de miras que caracteriza a la élite económica y política colombiana respecto al asunto de la paz, entendida solamente como sometimiento de los grupos que se levantaron contra el orden establecido, y no como un escenario en el cual es necesario un cambio en la concepción del Estado, la política económica y el pago de las históricas deudas sociales con los sectores populares, en especial con los habitantes del campo colombiano.
La apuesta del actual gobierno es arriesgada: pretende llevar a cabo todas estas reformas y tomar decisiones nefastas e impopulares como la venta de Isagén, jugando la carta de las negociaciones de paz como chantaje para que el país acepte todas sus acciones de gobierno, pero corre el riesgo de que el plebiscito sobre el posible acuerdo con las Farc se convierta en un plebiscito sobre su gobierno y en especial, sobre su política económica y social.
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