Debido a  esta reveladora experiencia los sectores campesinos lograron un espacio en la agenda nacional y se consiguió que el Presidente de la República  incorporara en su discurso el compromiso de refundar el campo y adoptara a su vez un paquete de medidas de choque, las cuales  presentó formalmente  en la instalación del Pacto Nacional Agropecuario, el pasado 12 de septiembre, entre ellas: arancel cero para algunos insumos agrícolas; un régimen de libertad vigilada para el control de precios de los insumos agrícolas y la creación de una comisión para la regulación de estos precios; fortalecimiento de la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la creación de un Viceministerio específico para el Desarrollo Rural; eliminación del contingente de importación de los lactosueros; la formalización por Decreto del Sistema de Participación Popular para el cumplimiento del pacto.

Si bien es cierto a estas medidas no se les puede atribuir un efecto mágico, debemos  reconocer en ellas un punto de partida  sobre lo que podría  ser la política pública agrícola, o el derrotero de la política de desarrollo rural; por ello toda consideración tendiente a dar solución a la problemática revelada debe responder a una visión integral que refleje componentes: personales como el sistema de seguridad social integral para el campesino y la formalización de la propiedad rural; sociales como mayor provisión de servicios públicos y vías terciarias, así como mayor cobertura de la administración de justicia en el sector rural; ambientales como los sistemas de riegos; económicas como soluciones ligadas a financiación y ayudas fiscales, y la formulación de planes de asistencia técnica agropecuaria por cadenas productivas. Todo con base a un diagnóstico real  y diferencial, según sea cada una de las regiones, logrado a través del censo agropecuario y la actualización del catastro rural, y estas soluciones, a su vez, articuladas a un modelo o estructura organizacional que verdaderamente responda al sistema de competitividad, sostenibilidad y empleo, diseñada a través de un documento CONPES.

Pero esto no debe ser suficiente, no puede reducirse su comprensión y solución a lo doméstico, se deben generar las condiciones para la inserción de los productos agrícolas a la economía globalizada. Es decir mayor  competitividad frente a los mercados internacionales, y para logarlo se requiere del fortalecimiento de los sistemas de asistencia técnica, transferencia de tecnología, apoyo a la tecnificación y el fortalecimiento definitivo de la investigación.

Solo así podremos hablar respecto al campo como factor insustituible de equidad e inclusión y de la actividad agrícola como paradigma de desarrollo. Este gran Pacto Agrario, bien implementado, será la impronta de la más significativa  reivindicación social colombiana del presente siglo, por cuanto permitirá reducir las distancias sociales  y el desencuentro  entre lo rural y lo urbano.