De Cajamarca a la OEA: canta el alma de… los Derechos Humanos

Parodiando el Bunde tolimense, con el título podría definirse la trayectoria del designado Embajador colombiano ante la Comunidad de Naciones americanas, pues la defensa de los derechos humanos de los desprotegidos ha sido la marca del humanista tolimense Luis Ernesto Vargas Silva, desde su cargo de juez de un pueblo humilde, pasando por la presidencia de la Corte Constitucional hasta su distinción como juez, en nombre de Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Qué diferencia entre llegar a Embajador de la OEA con “rabo de paja” como lo hizo el destituido Procurador (Consejo de Estado) al cual debe reemplazar el nuevo diplomático y hacerlo con “cocuyos en la frente” como canta el mencionado Bunde.

¿Arrestar al presidente?

Recién inaugurado el nuevo Eje cafetero (diciembre 2020) con Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, celebrábamos la declaratoria del Parque de los Nevados –ubicado en ésta nueva Región Administrativa- como sujeto de derechos por ser una entidad viviente compuesta por diversas formas de vida. Pero al mismo tiempo señalábamos la paradoja de que fuera un Tribunal Superior como el del Tolima, -obedeciendo a la Corte Suprema-, el que tuviera que ordenar a los gobernantes que respetaran sus propias leyes, pues estos órganos de justicia habían verificado la grave situación de deterioro, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal en su territorio, etc.

Hundidas maniobras contra garantías electorales

Se les dijo, se les avisó, que suspender las garantías electorales que regían desde 2005, en la forma como lo hicieron, no era procedente: así resumió la Corte Constitucional la caída de las maniobras que quisieron imponer los Congresistas y el Ejecutivo cuando metieron en la ley ordinaria del Presupuesto el año pasado, el mico para sacar ventajas en las elecciones; además decíamos en esta Columna que los gritos de la presidenta de la Cámara –procesada por copiar una tesis de grado- para que Anatolio votara como ella quería, demostraban la falta de debate democrático que se exige en la aprobación de leyes en el Congreso (“Garantías electorales en manos de los Anatolios”) y aportaba una causal más para declararla inconstitucional.

La otra fuga: hacia lo penal y el encarcelamiento

Mientras un narcotraficante como ‘Matamba’ o una compradora de votos como Aida Merlano se fugan de las cárceles, el gobierno actual se fuga hacia el encarcelamiento. Hablamos de “fuga hacia el derecho penal”, cuando los gobiernos, en lugar de afrontar los problemas sociales con políticas públicas o con otras especialidades del derecho (sanitario, administrativo, etc.), prefiere salirse por la tangente, no resolverlos, y acudir a la política punitiva. El Ministerio de Justicia, su Inpec y Uspec con billonarias contrataciones, son parte del balance negativo de las últimas décadas: incapaces de gestionar una política resocializadora para su clientela, los prisioneros, y de evitar que sucedan permanentes fugas desde las prisiones, gracias a la corrupción.

¿“Castro-chavismo” contra la justicia?

Si el apelativo descalificador “castro-chavista” fuera correcto tendría que primero quien lo aplica verificar si no está con ello “escondiendo la viga en sus propios ojos”, según el refrán; se utiliza como sinónimo de autoritarismo, de descrédito ante organismos internacionales, de hambre para la población, de inmigración-desplazamiento, de groserías y frases ramplonas, de corrupción, de violencia e inseguridad callejera, de concentración de poder, de irrespeto a la justicia, de querer apoderarse de ella, etc. Pero los académicos sabemos que el lenguaje es el mejor instrumento para reconstruir la realidad y presentarla de manera diferente a como es objetivamente, alimentando la llamada “violencia cultural”, como nos lo enseña el Interaccionismo simbólico (Sociología norteamericana). Por ejemplo Trump utilizó dicho apelativo contra Biden dando a entender que habría fraude electoral en las elecciones de 2020.

Hambre e inseguridad

En la Política Criminal contemporánea ya no se habla de inseguridad solo referida a la amenaza de comportamientos delictivos: hoy tenemos inseguridad de derechos frente a políticas públicas u omisiones del Estado, de inseguridad alimentaria, de inseguridad de género, etc. Por eso causó revuelo en el gobierno nacional la inclusión de Colombia en la lista de los países en alto riesgo de hambre aguda para 2022 (inseguridad alimentaria), con nota diplomática de inconformidad.

En lugar de política social: criminalización y justicia privada

En la Ciencias Penales contemporáneas recurrir a la justicia penal para resolver problemas sociales es políticamente legítimo y constitucionalmente válido sólo si ella se utiliza subsidiariamente: cuando el Estado y sus gobiernos demuestren que, probando otros recursos, no encontró alternativa posible. En este sentido, para las ciencias penales entre mayor política social, se necesitará menos política penal. Para el populismo punitivo (gobernar aprovechando el miedo al delito) todo lo anterior no importa: solo vale hacer cálculos políticos y calmar la ansiedad de la población generada por la inseguridad de sus bienes y derechos, acompañada de la manipulación selectiva de las noticias.

Desnazificar y constitucionalizar

¿Sabrían los policías mestizos que hicieron homenaje al nazismo racista en dónde habrían terminado si hubieran vivido en la época de Hitler?: no hubieran sometido a semejante escándalo internacional a la institución de pertenencia. ¡Pero la ignorancia es atrevida! Recordemos de dónde provenía la obsesión de Hitler contra las razas no arias, incluidos los mestizos: como él no era de origen alemán, tenía que exaltar esta nacionalidad para vencer el temor de ser rechazado en Alemania. Había nacido en Braunau, ciudad del entonces imperio austrohúngaro y era de origen judío, pero vergonzante, por lo que muchos historiadores atribuyen su antisemitismo al miedo de ser identificado como judío.

Al que no le gusta la JEP se le dan dos tazas

“Al que no quiere caldo se le dan dos tazas” según el refrán popular: es lo que le ha tocado aceptar al gobierno colombiano que surgió de las promesas de “hacer trizas” los Acuerdos de paz, -incluido su componente de justicia restaurativa-, provenientes del gobierno anterior, a cambio del cierre de las preliminares que había abierto, entre otros, por los falsos positivos.

Garantías electorales en manos de los Anatolios

¿Alguna duda de por qué para los colombianos la corrupción en las instituciones es su principal problema y que de nuestro Congreso desconfíe cerca del 85%? (Invamer 2021) ¡Anatolio, vote así, gritaba la presidenta de la Cámara! Ésta frase, habitual en los debates del Congreso durante la aprobación de leyes, fue una orden de una de los “padres de la patria” que dirigió el debate en la Cámara de Representantes para aprobar la Ley del Presupuesto 2022. Ello demuestra las maniobras manipuladoras de la voluntad de los congresistas, y suma una causal más de inconstitucionalidad de la mencionada ley por falta del debate democrático y transparente que exige nuestra Carta Política y la doctrina constitucional, junto con la falta de unidad de materia (una ley de garantías electorales nada tienen que ver con el Presupuesto), y la modificación mediante ley Ordinaria (la del presupuesto) de una ley Estatutaria (ley de garantías), que tiene revisión previa de constitucionalidad por la trascendencia de las materias que trata.