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A diferencia de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que sigue poniendo resistencia al lenguaje inclusivo (todas, todos y todes, juezas y jueces, etc.), organismos de Naciones Unidas proponen eliminar el uso del masculino de manera genérica o referido a grupos mixtos de personas, pero no para ser reemplazarlo por @ ni por una X (como están haciendo sinnúmero de grupos sociales en el mundo para incluir a todos los géneros), con el argumento de que dificulta la lectura de personas con discapacidad visual. En cambio, propone el organismo internacional, por ejemplo, usar el masculino plural con valor genérico para designar grupos: el alumnado, en lugar de los alumnos y las alumnas, o la juventud, en lugar de los y las jóvenes; así mismo cambiar el género masculino excluyente por uno femenino incluyente, como, la persona refugiada en lugar de el refugiado.
La RAE (de sus 42 integrantes solo 7 son mujeres) ha defendido su rol de “solo” testigo y notario de la forma como hablan los hispanohablantes; sostiene que la admisión de una palabra nueva “depende de un proceso social de uso” y por eso renueva el vocabulario con palabras como “cuarentenar”, “guasap” o Covid. No se considera un organismo de censura de construcciones lingüísticas de los pueblos, defiende que solo registra lo que estos utilizan en su comunicación. Pero ello no es lo que se percibe respecto del lenguaje inclusivo: por ejemplo, considera que el masculino gramatical funciona en el castellano como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o específicos y por eso califica dicho lenguaje como innecesario, el masculino gramatical no tendría objetivos discriminatorios; que la letra “e” utilizada por movimientos y ONG para sustantivos inclusivos de todos los géneros (“todes”) sería ajena a la morfología del castellano. Además, el nuevo lenguaje inclusivo alteraría la economía y belleza del idioma, que las variantes inventadas lo estropean, que los desdoblamientos (con los, las, elles, etc.) son artificiosos e innecesarios. Que deben evitarse repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican la redacción y lectura de los textos, etc., etc.
Nuestra Corte Constitucional ha seguido una línea semejante a la de la RAE. Sin embargo para este alto tribunal de derechos el lenguaje jurídico no puede ser utilizado para lesionar la honra, la dignidad, el buen nombre o la igualdad y por el contrario el derecho debe respetar principios, valores y derechos constitucionales, de lo contrario, una norma puede ser excluida del ordenamiento. Ha reconocido que los hombres históricamente han tenido el poder para definir las cosas, imponiendo su perspectiva masculina y reafirmando la inferioridad de la mujer: trascendental al respecto la exclusión de la palabra “hombre” que la legislación civil autorizaba para “todos los individuos de la especie humana”, ordenando su reemplazo por “persona” (2006) ; así mismo ha denunciado que nuestra legislación civil del Siglo XIX está llena de “vocablos genéricos con trampa” con la apariencia de incluir dos sexos pero realmente excluyentes de la mujer. También ha considerado que expresiones insultantes y discriminadoras como mentecato, imbecilidad, criado, sirviente, etc., desconocen valores superiores y por eso han sido excluidos de dicha legislación (2003); ha reiterado que el lenguaje afecta las relaciones de poder porque describe la realidad y en este sentido no puede ser neutral, orienta conductas y puede ocultar una visión patriarcal, discriminante.
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