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En sentido contrario al optimismo del gobierno para repetir la fórmula fracasada del 2018, el DANE señalaba, en pleno vigor del paro generado por aquel proyecto, que millones de colombianos dejaban de pertenecer a la clase media, empobreciéndose (ingresos inferiores a $654.000 mensuales-US 180), o que la informalidad laboral era del 49% en el primer trimestre del 2021, todo lo cual exacerbó a los supuestos beneficiarios anunciados y por eso se levantaron pidiendo matrícula educativa cero, renta básica de un salario mínimo, etc., sin hacer caso a las funciones declaradas. No era cierto aquello con lo que se sostuvo el régimen tributario precedente de 2018: los colombianos en extrema pobreza aumentaron en 2,8 millones, pasando del 35,7% de la población en 2019 a 42,5% en 2020, todo a pesar de la confianza inversionista.
Según cifras oficiales, durante 2020 los colombianos en situación de pobreza aumentaron en 3.6 millones (completando un total de 42.5 % en esta situación, siendo en 2018, 34.7%) y en pobreza extrema aumentaron en 2.8 millones (completando 15,1% en esta situación, o sea, 5.5 % más que en 2019), todo a pesar del grado de inversión. Lo mismo sucedió con los ingresos: para la población de más bajos recursos el ingreso real per cápita cayó 24.5% respecto 2019, siendo ella la población más golpeada, pues a los de estrato alto también se les redujo, pero sólo en 11.5%.
Si no se cumplieron las funciones simbólicas porque la gente no creyó, esta frustración dificultó el logro de las funciones latentes: en lugar de asegurar la confianza inversionista frente a las calificadoras de riesgo internacionales, retirado el proyecto de ley ante la revuelta social, estas comenzaron a rebajar dicha calificación para préstamos con intereses atractivos y de largo plazo (comenzó Standard & Poor’s), perdiendo el país el grado de inversión obtenido en 2011 y que hacía sacar pecho a quienes sólo utilizan el grado de crecimiento como muestra de bienestar de la Nación. Para el gobierno era muy difícil revertir el deterioro de las finanzas públicas a costillas de los que siempre han vivido en crisis económica porque aquel crecimiento nunca los ha beneficiado. ¿Pero por qué ahora si reaccionan las calificadoras de riesgo contra el país y no antes, cuando se enteraron de todas las exenciones que contenían las reformas tributarias que habrían de producir el déficit fiscal que hoy conocemos? Es por todo esto que, se puede afirmar, nos quedamos con el pecado (descalificados) y sin el género (reforma tributaria).
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