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Efectivamente el eslogan “paz con legalidad”, que ha agitado tanto este gobierno, quiere hacernos entender que los Acuerdos de 2016 con la insurgencia –incluida la JEP- equivalen a impunidad, que sus Magistrados favorecen a los ex insurgentes, que éstos deben cumplir las penas antes de estar en el Congreso, que toda la justicia colombiana está politizada en su contra y así sucesivamente.
No sabemos si este gobierno va a digerir el sapo que representa el punto central del mencionado Acuerdo reconociendo “el progreso alcanzado por las autoridades judiciales en la rendición de cuentas, tanto a través de la justicia ordinaria como de los sistemas de justicia transicional, incluyendo el sistema de Justicia y Paz y el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz” y además si de verdad va a cumplir el compromiso adquirido de salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura, asignando el presupuesto necesario para su implementación, y previniendo cualquier interferencia con sus funciones, pues en el Acuerdo señalado la Fiscalía internacional no exigió erradicar la amenaza de “hacer trizas” los Acuerdos de Paz, bandera del partido de gobierno, pues sigue su curso en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo para eliminar a la JEP: dicho partido defendiendo la idea de que estos fueron de un gobierno y no del Estado colombiano, insisten en un Régimen diferenciado para los miembros de las FF.AA., lo mismo que en incluir inhabilidades para defensores de DH. o en habilitar ex militares para ser Magistrados de la JEP.
La Fiscalía de la CPI también disimuló, aceptando ahora que el gobierno ha tenido un “firme compromiso” con las diferentes jurisdicciones, cuando antes se había preocupado por la intromisión gubernamental en los asuntos penales de la Corte Suprema, lo mismo que el ex Fiscal Martínez Neira en los expedientes de la JEP. Entre los dos formularon las objeciones que eran cosa juzgada constitucional (reparación integral, competencia del Alto Comisionado de paz, condicionamiento de la extradición al ofrecimiento de verdad, etc.). Igualmente pasó por alto la Fiscalía de la CPI las críticas que había hecho ella misma a la Ley Estatutaria mencionada por restringir el concepto de responsabilidad de mando, contradiciendo el derecho internacional y el Estatuto de Roma, por no investigar la falta de previsión de los crímenes de los subordinados, ni los terceros participantes o financiadores del conflicto.
Con razón el cierre del examen preliminar que traía la Fiscalía de la CPI y que se aprobó en el Acuerdo no fue bien recibido por organizaciones de víctimas y de juristas comprometidos en la defensa de los DD.HH: Human Rights Watch, Dejusticia, la Comisión colombiana de juristas, el Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado entre otras, consideran que el mencionado cierre fue prematuro, inoportuno, contraproducente y clientelista, a pesar de lo positivo para el logro de la paz y para la JEP, pero no confían en que el gobierno respetará su autonomía ni el saldo de los Acuerdos de Paz; en fin, lo perciben como un intercambio de favores disfrazado de respaldo a la JEP y estarán vigilantes de que la CPI reconsidere su intervención en caso de incumplimiento del Acuerdo.
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