Una reforma simplemente liberal-humanista

Mauricio Martínez

Simplificando, en materia de política criminal -en época de crisis económica- los gobiernos optan entre extender la intervención penal para calmar los sentimientos de inseguridad (estilo Trump o Duque y su ley de seguridad ciudadana) o reducir la política punitiva y la pena de prisión para afrontar con otras políticas la criminalidad.
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Hace tiempo nuestra  Corte Constitucional viene defendiendo la aplicación subsidiaria de la política penal: por ejemplo ante el deplorable estado de nuestras prisiones dio la siguiente orden (2015): “Exhortar al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para que dentro del ámbito de sus competencias y si aún no lo han realizado, promuevan la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad…”. En el ámbito de este mandato constitucional, y de la tendencia de la ciencia penal universal, propone el actual gobierno el nuevo proyecto de reforma penal y penitenciaria, como de “humanización de nuestra política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”, a la manera de los humanistas liberales de 1.800, tipo Beccaria o Bentham.

El proyecto parte del convencimiento de que el encarcelamiento ilimitado no ha servido para disminuir la criminalidad sino para aumentar la superpoblación carcelaria con sus respectivas consecuencias como la reducción del acceso a bienes y servicios y del trabajo o el empeoramiento de la calidad de la educación y la enseñanza, que son elementos de un proceso resocializador. Así mismo utiliza investigaciones científicas de Inglaterra, Alemania o los EE.UU., según las cuales el encarcelamiento en lugar de cumplir la promesa de reducir con ella la violencia, la conflictividad, la corrupción, etc., por la forma como funcionan las prisiones, en sentido contrario, “produce más delito e impulsa y refuerza carreras delictivas”. Incluso expone la otra orientación de política criminal y penitenciaria que quedaría y que caracterizaba a los gobiernos anteriores: por ejemplo, advierte que construir más cárceles o aumentar los cupos carcelarios, sería sumamente costosa, de $130.000.000 por prisionero al año, costos que seguramente no están dispuestos a asumir tributariamente quienes siempre piden más castigo y mano duro; ello, además de los costos del sacrificio de los derechos humanos.

Es por lo anterior que el proyecto de reforma recién presentado al Congreso se traza como objetivos, entre otros: 1) Enfrentar el afán punitivo y la creación de  nuevos delitos, para, en cambio, focalizar los esfuerzos de la justicia en la persecución de los delitos más graves y por eso se descriminalizan varios delitos; 2) Cambiar la política punitiva fracasada por una justicia restaurativa y a favor de las víctimas: la pena debe prevenir pero también restaurar; 3) Someter al orden constitucional el actual sistema carcelario, reorientándolo hacia la resocialización y restauración,  y reconociendo el tratamiento como un derecho; persiguiría cárceles abiertas hacia la familia y la sociedad. 

Así por ej. rebaja la pena del concurso de delitos de 60 a 50 años (hoy la ciencia propone un límite máximo de 15 años), flexibiliza la concesión de la prisión domiciliaria y otros beneficios, etc. No obstante estas declaraciones humanistas el proyecto sigue excluyendo medidas sustitutivas, beneficios y subrogados para delitos de impacto social como contra el DIH o sexuales.

En resumen , el proyecto defiende lo que tantas sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, así como lo Ciencia ( por ejemplo la Comisión de Política Criminal de 2012 con brillantes penalistas y criminólogos del país),  han reiterado: que nuestra política criminal carece de fundamento científico y empírico por dejarse orientar por políticos inexpertos que tratan  temas de  seguridad solo en la medida en que ello ofrezca réditos electorales y por eso proponen grilletes medievales en los tobillos, como la alcaldesa de Bogotá,  o detener sin  formalidades constitucionales, echarle la culpa a la justicia, o la cadena perpetua, como el gobierno precedente.

MAURICIO MARTÍNEZ

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