La otra fuga: hacia lo penal y el encarcelamiento

Mientras un narcotraficante como ‘Matamba’ o una compradora de votos como Aida Merlano se fugan de las cárceles, el gobierno actual se fuga hacia el encarcelamiento. Hablamos de “fuga hacia el derecho penal”, cuando los gobiernos, en lugar de afrontar los problemas sociales con políticas públicas o con otras especialidades del derecho (sanitario, administrativo, etc.), prefiere salirse por la tangente, no resolverlos, y acudir a la política punitiva. El Ministerio de Justicia, su Inpec y Uspec con billonarias contrataciones, son parte del balance negativo de las últimas décadas: incapaces de gestionar una política resocializadora para su clientela, los prisioneros, y de evitar que sucedan permanentes fugas desde las prisiones, gracias a la corrupción.

¿“Castro-chavismo” contra la justicia?

Si el apelativo descalificador “castro-chavista” fuera correcto tendría que primero quien lo aplica verificar si no está con ello “escondiendo la viga en sus propios ojos”, según el refrán; se utiliza como sinónimo de autoritarismo, de descrédito ante organismos internacionales, de hambre para la población, de inmigración-desplazamiento, de groserías y frases ramplonas, de corrupción, de violencia e inseguridad callejera, de concentración de poder, de irrespeto a la justicia, de querer apoderarse de ella, etc. Pero los académicos sabemos que el lenguaje es el mejor instrumento para reconstruir la realidad y presentarla de manera diferente a como es objetivamente, alimentando la llamada “violencia cultural”, como nos lo enseña el Interaccionismo simbólico (Sociología norteamericana). Por ejemplo Trump utilizó dicho apelativo contra Biden dando a entender que habría fraude electoral en las elecciones de 2020.

Hambre e inseguridad

En la Política Criminal contemporánea ya no se habla de inseguridad solo referida a la amenaza de comportamientos delictivos: hoy tenemos inseguridad de derechos frente a políticas públicas u omisiones del Estado, de inseguridad alimentaria, de inseguridad de género, etc. Por eso causó revuelo en el gobierno nacional la inclusión de Colombia en la lista de los países en alto riesgo de hambre aguda para 2022 (inseguridad alimentaria), con nota diplomática de inconformidad.

En lugar de política social: criminalización y justicia privada

En la Ciencias Penales contemporáneas recurrir a la justicia penal para resolver problemas sociales es políticamente legítimo y constitucionalmente válido sólo si ella se utiliza subsidiariamente: cuando el Estado y sus gobiernos demuestren que, probando otros recursos, no encontró alternativa posible. En este sentido, para las ciencias penales entre mayor política social, se necesitará menos política penal. Para el populismo punitivo (gobernar aprovechando el miedo al delito) todo lo anterior no importa: solo vale hacer cálculos políticos y calmar la ansiedad de la población generada por la inseguridad de sus bienes y derechos, acompañada de la manipulación selectiva de las noticias.

Desnazificar y constitucionalizar

¿Sabrían los policías mestizos que hicieron homenaje al nazismo racista en dónde habrían terminado si hubieran vivido en la época de Hitler?: no hubieran sometido a semejante escándalo internacional a la institución de pertenencia. ¡Pero la ignorancia es atrevida! Recordemos de dónde provenía la obsesión de Hitler contra las razas no arias, incluidos los mestizos: como él no era de origen alemán, tenía que exaltar esta nacionalidad para vencer el temor de ser rechazado en Alemania. Había nacido en Braunau, ciudad del entonces imperio austrohúngaro y era de origen judío, pero vergonzante, por lo que muchos historiadores atribuyen su antisemitismo al miedo de ser identificado como judío.

Al que no le gusta la JEP se le dan dos tazas

“Al que no quiere caldo se le dan dos tazas” según el refrán popular: es lo que le ha tocado aceptar al gobierno colombiano que surgió de las promesas de “hacer trizas” los Acuerdos de paz, -incluido su componente de justicia restaurativa-, provenientes del gobierno anterior, a cambio del cierre de las preliminares que había abierto, entre otros, por los falsos positivos.

Garantías electorales en manos de los Anatolios

¿Alguna duda de por qué para los colombianos la corrupción en las instituciones es su principal problema y que de nuestro Congreso desconfíe cerca del 85%? (Invamer 2021) ¡Anatolio, vote así, gritaba la presidenta de la Cámara! Ésta frase, habitual en los debates del Congreso durante la aprobación de leyes, fue una orden de una de los “padres de la patria” que dirigió el debate en la Cámara de Representantes para aprobar la Ley del Presupuesto 2022. Ello demuestra las maniobras manipuladoras de la voluntad de los congresistas, y suma una causal más de inconstitucionalidad de la mencionada ley por falta del debate democrático y transparente que exige nuestra Carta Política y la doctrina constitucional, junto con la falta de unidad de materia (una ley de garantías electorales nada tienen que ver con el Presupuesto), y la modificación mediante ley Ordinaria (la del presupuesto) de una ley Estatutaria (ley de garantías), que tiene revisión previa de constitucionalidad por la trascendencia de las materias que trata.

Garantías electorales en manos de los Anatolios

¿Alguna duda de por qué para los colombianos la corrupción en las instituciones es su principal problema y que de nuestro Congreso desconfíe cerca del 85%? (Invamer 2021) ¡Anatolio, vote así, gritaba la presidenta de la Cámara! Ésta frase, habitual en los debates del Congreso durante la aprobación de leyes, fue una orden de una de los “padres de la patria” que dirigió el debate en la Cámara de Representantes para aprobar la Ley del Presupuesto 2022.

El ruido también es violencia

En la Sociología y Criminología contemporáneas, cuando se ejercen actividades abusando de las condiciones de vulnerabilidad y de indefensión de sectores de la población, de tal manera que se violen derechos fundamentales atentando contra la calidad de vida o de dignidad humana, se consideran injusticias sociales o violencia estructural, que es un tipo de violencia que no se expresa con sangre o armas. Sucede por ejemplo con actividades comerciales permitidas legalmente, pero en cuyo ejercicio los propietarios abusan de su poder, produciendo ruidos excesivos, equiparables, en tema de medio ambiente, a vertimiento de malos olores o de sustancias peligrosas.

Acuerdos de paz y desplazamientos forzados

Nos lamentamos por los campesinos e indígenas que encontramos en semáforos, parques y calles de nuestras ciudades, como si el problema fuera estético, como si fueran residuos urbanos que solo afean los espacios públicos; y sentimos que aumenta nuestra sensación de inseguridad sin pensar en la inseguridad real en derechos de las víctimas de dicha crisis social y humanitaria producida por el desplazamiento forzado.