El haber obrado siempre de buena fe y con apego a ley le dio la fuerza argumental que cierra cualquier resquicio por donde pudiera penetrar la insidia de sus enemigos. Fue una disertación para la historia, ya que por primera vez tuvo la ocasión de presentar en toda su extensión y contexto los elementos objetivos que han conformado la implacable persecución a su Gobierno. Poco a poco se fue revelando de manera nítida, tras las brumas que van disipando laboriosamente los argumentos probatorios, que detrás de todo se encuentra una venganza criminal favorecida por un sector politizado de la justicia.

Veamos los antecedentes: para la guerrilla las cosas marchaban a la perfección en el 2002. El proceso de paz del Caguán los había fortalecido militarmente, lo cual les permitió escalar con éxito su guerra de guerrillas a una guerra de posiciones. Y en el frente externo el presidente Chávez consolidaba su socialismo del siglo XXI y lo ponía al servicio del terrorismo colombiano para cumplir su objetivo. Algo similar ocurría con Ecuador. Se frotaban las manos Iván Cepeda, Piedad Córdoba y sus compinches, esperando el tan anhelado momento, ya inexorable, en que la guerrilla lograra lo que ellos nunca pudieron en la urnas: llevarlos al poder.

Los paras tampoco podían estar mejor. Controlaban amplias zonas de Colombia suplantando al Estado en sus dos fines más excelsos que son el uso exclusivo de las armas y la administración de justicia, mientras conducían su negocio de narcotráfico tranquilamente.

Pero el pueblo que engendró a Santander, a Murillo Toro y a Luis Carlos Galán, aún no había agotado sus reservas morales y les opuso a Álvaro Uribe Vélez a estos enemigos de la democracia. La guerrilla, que se resistió al embate de la seguridad democrática, terminó en el 2010 con la quinta parte de los hombres que tenía en armas deambulando andrajosos por selvas ignotas. Los jefes paramilitares, en cambio, optaron por no enfrentar la seguridad democrática y someterse a la justicia desmovilizando sus estructuras, con el convencimiento de que podían engañar al Gobierno al continuar delinquiendo en cómodas cárceles; se equivocaron, la mano firme de Álvaro Uribe los extraditó a todos.

La prueba reina de que la seguridad democrática cumplió su cometido de seguridad para todos y combate a todos los violentos por igual, es ver a paras y guerrilla hermanados en causa común contra el presidente Uribe. Siempre los unió el narcotráfico y la visión totalitaria del Estado, pero ver ahora a Iván Cepeda y a Piedad Córdova con los Mancusos y los Don Bernas en estrechas celdas urdiendo la próxima audacia judicial o mediática, es una ironía que sola la explica la sed de venganza.

La venganza era previsible, lo que nadie imaginaba es que iban a tener en amplios sectores de la justicia y la institucionalidad un cómplice que de manera consiente o inconsciente les iba a hacer todo el trabajo. ¿Cómo, por ejemplo, imaginar que un individuo como Yesid Ramírez habría de llegar a una de las cumbres del Estado de derecho, de la mano de una persona vinculada con el narcotráfico, con el designio de ultrajarlo al querer derrocar al Presidente elegido por el pueblo? Ojalá se investigue la conducta de quienes como Yesid Ramírez han mancillado el buen nombre de la justicia en Colombia.