“Es imposible, todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente”, dice un doctor afín al régimen. “Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos”, le replica el doctor que ha visto morir a cientos de personas de la peste negra. Esa parece ser la actitud del Gobierno y seguramente la premisa será la misma: que la seguridad democrática había desaparecido la violencia. No se dan cuenta de que esa es una política que hay que cuidar y mantener.

El vacío de liderazgo en la Fuerza Pública que dejó el presidente Uribe es una causa obvia del problema, pero no la única. Conocí el caso de un Mayor del Ejército que siempre se había destacado por sus valientes acciones contra el terrorismo, que un día recibió la llamada de un empresario muy connotado de la región en el sentido de que había tenido que salir a las carreras de su finca porque lo habían alertado de la presencia de un grupo de hombres armados. El Mayor desplegó sus tropas en el área y se presentó un choque armado con los antisociales que produjo la baja de cuatro de ellos. Inmediatamente llamaron al CTI para que procediera al levantamiento de los cuerpos. Cuando llegaron, el encargado de la diligencia se mostró hostil con la tropa y les dijo que estaban en la escena de un crimen. Preguntó por qué habían sido movidos los cuerpos, el Mayor respondió que ese era un procedimiento normal para verificar si la persona estaba muerta o no con el fin de prestarle primeros auxilios e igualmente explicó que cuando los cuerpos quedan boca abajo deben voltearlos para constatar que no tengan un artefacto explosivo.

Igualmente, preguntó la razón por la cual las armas de los antisociales no estaban siendo empuñadas por ellos, a lo cual el Mayor contestó que retirar el arma de la mano de los cuerpos es otro procedimiento de seguridad que se emplea. Las respuestas no fueron satisfactorias, además el funcionario encontró muy sospechoso que ninguno de los miembros de la Fuerza Pública hubiera caído en el combate, por lo cual procedió a incautar las armas de la unidad militar.

Luego de hacerse las experticias del caso, se determinó que todos los cuerpos tenían impacto de fusil, ninguno hecho a corta distancia. Sin embargo, un testigo que aseguró ver a uno de los militares disparando a uno de los delincuentes, supuestamente inerme, con una pistola a corta distancia, está en este momento en el Canadá protegido con el dinero de todos nosotros. Pero el testimonio del empresario que declaró haber llamado al Ejército ante la presencia de un grupo armado, y el de un trabajador de la finca que reconoció a los cuerpos como los mismos que estaban intimidando en el sector, no fueron suficientes para que la Fiscalía cerrara el caso. Todos los occisos tenían antecedentes judiciales y pertenecían a una banda reconocida de extorsionistas.

Hay que reconocer que la justicia ha puesto su cuota de sacrificio en la lucha contra el terrorismo, como olvidar a hombres como Low Murtra, por ejemplo, pero es necesario que se haga un examen de casos como este que degradan la moral del Ejército y favorecen a los criminales.

Ojalá no se cometa una injusticia con estos héroes de la patria en su juicio, pero ya sus compañeros en toda la nación están replegados por el miedo que le tienen a un enemigo contra el cual es casi imposible la victoria: la misma justicia que defienden en el campo de batalla.