Las dictaduras de ahora son más peligrosas que las anteriores, pues aprendieron que conservar algunas formas democráticas, como la convocatoria a elecciones, no pone en riesgo su ostentación del poder, pero les otorga una legitimidad ante la comunidad nacional e internacional que los hace más poderosos.

Para que las dictaduras “democráticas” de hoy se consoliden como tal, deben subyugar al poder judicial y a los medios de comunicación. Por eso es tan importante que ambos se mantengan independientes dentro de sus respectivos ámbitos: el derecho y el equilibrio informativo.

Veo con preocupación que en nuestro país se ha venido perdiendo el equilibrio informativo y se le están cerrando los espacios a una corriente de opinión: La echada de El Tiempo de José Obdulio, de RCN de Pacho Santos, de la edición impresa de Semana de Alfredo Rangel y ahora de El Mundo de Juan Paz, es una tendencia clara de censura por parte de los medios, que ceden ante la presión que ejerce el gobierno con la pauta publicitaria.

Pero más grave aún es lo que está ocurriendo con la justicia. La Farc política no se investiga, y quienes deberían ser objeto de ella, como el representante Iván Cepeda, se dedican a andar impunemente de cárcel en cárcel confeccionando carteles de testigos contra el presidente Uribe.

No solo hay impunidad en el delito que supone armar un cartel de falsos testigos, sino que se incentiva la práctica al darles credibilidad, como ha ocurrido con la revocatoria de auto inhibitorio de un proceso por conformación de grupos paramilitares contra el presidente Uribe.

Son numerosos los casos en que jueces y fiscales abandonan los cauces del derecho para adentrarse en los del activismo político e ideológico. Por eso nos parecieron tan desafortunadas en su momento las declaraciones de tipo político que dio el fiscal general, cuando apartándose del rigor jurídico que debe asistirlo, dijo que prefería ver a Timochenko en el senado y no echando bala en el monte.

Es indignante que el único presidente que fue capaz de enfrentar a los paramilitares, que los desmovilizó, los metió a la cárcel y a sus jefes extraditó, sea ahora investigado por conformar esos grupos. No sabemos si el Fiscal general fue enterado de esta revocatoria de la resolución inhibitoria por parte de la Fiscal Marta Zamora, quien a la postre, resulta ser la misma que realizó el montaje contra Sigifredo López.

Lo que sí sabemos es que los dos supuestos testigos tienen condenas que esperan reducir significativamente (uno de ellos por secuestro cuya condena se reduciría de 40 a 8 años), entrando a la ley de justicia y paz en virtud de sus falsas declaraciones.

Ojalá esta absurda decisión de la Fiscalía no sea para impedir que el Presidente Uribe llegue al Senado. La mayoría de los colombianos creemos en su pulcritud y acompañamos sus ideas.

En el pasado hubo guerras civiles porque los derechos políticos de la minoría se desconocieron, incluso, la falsa acusación a Obando por la muerte de Sucre, con testigo falso y todo, dio lugar a una de ellas.

En este caso se nos estarían desconociendo los derechos políticos a las mayorías que representa el presidente Uribe: no quisiera pensar lo que ocurriría si la Fiscalía se presta para una venganza criminal y política en contra del presidente más querido por los colombianos en su historia.

Que Dios ilumine al fiscal Montealegre, y que la justicia y los medios regresen a los causes que les corresponde dentro de sus ámbitos para no allanarle caminos a dictaduras pseudodemocráticas.