En Colombia están ocurriendo cosas muy graves con la política y la administración de justicia que cada vez invierten más los valores sobre los cuales reposan la democracia y el Estado de Derecho. Nuestra democracia ha sido vapuleada por Juan Manuel Santos mediante el gran fraude que significó gobernar con los programas de quienes votaron en su contra. 

Prueba de ello es la súplica de Piedad Córdoba para que su periodo de amplíe por dos años más. Ya los medios capitalinos como El Tiempo y Revista Semana nos llaman, tranquilamente, a quienes votamos por santos, “oposición”, como si realmente hubiéramos perdido las elecciones, cuando la realidad es que lo somos por una especie de golpe de Estado. Los partidos políticos, que en una democracia madura hubieran evitado el engaño, se plegaron dóciles a la felonía para poder desfrutar de las mieles presupuestales.

Esa rara condición nuestra de opositores siendo mayoría y del Gobierno representando a la minoría, es una perversión del sistema que está llevando a Juan Manuel Santos a actuar de manera desesperada e irracional.

Pero la cosa no sería tan grave si esa minoría usurpadora no estuviera dependiendo de los terroristas de las FARC para continuar en el poder, pues ante un gobierno que ha sido un fracaso en todos los frentes, no le queda más que vender la ilusión de la paz. La única opción para Santos es convencer al pueblo colombiano de dos cosas: la primera es que la clave de la paz en Colombia está en la prolongación de la mesa de negociaciones de La Habana, y la segunda, que viene de contera, que el presidente Uribe es un guerrerista enemigo de la paz por oponerse a los diálogos. Ambas falacias son plenamente compartidas por las FARC. 

Sobre la primera habría que decir que las FARC no firmaran nada que no implique indiferencia con las víctimas, pues ellas para las FARC se dividen en tres: los enemigos de clase, los traidores de clase y las que cayeron por gajes del oficio de la guerra que según ellos les hace el Estado. Nada de que arrepentirse, por lo tanto. Pero además, cualquier acuerdo tendría impunidad total y tránsito inmediato al Congreso y a otros espacios de poder. Sin embargo, la prolongación de este proceso no entusiasmaría a los colombianos ya que más del 70 por ciento rechazamos ese tipo de acuerdo, y más bien, lo entenderíamos como una gran extorsión. Prueba de ello fue el fracaso rotundo de la marcha por la paz. 

Sobre la segunda pretensión de engaño van a tener una dificultad aun mayor, pues tendrán que reescribir la historia de Colombia para hacer creer a la gente que la política de seguridad democrática era guerrerista y contraria a la paz. Las páginas de Revista Semana y de El Tiempo falsean la realidad todo el tiempo para lograr ese efecto, pero reescribir sobre la mente de los colombianos, que vivimos los resultados tangibles de esa política en materia de paz, es imposible. Hacer pasar al hombre que más ha hecho por la paz de este país, aquel que desmovilizó 18 mil guerrilleros y 35 mil paramilitares sin impunidad, y que bajó significativamente todos los índices de violencia, como a un señor de la guerra, es un disparate que solo se lo creen en el sanedrín de palacio, muy a la manera de cuando Hitler en su desespero final daba órdenes absurdas y maniobraba con divisiones inexistentes.

A pesar de que estos esfuerzos van a ser inútiles ya que nuestra democracia va a enmendar, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, esa “anomalía” que significa el poder de la minoría, el daño institucional si es bastante alto. La justicia, por ejemplo, está siendo seriamente afectada cuando el fiscal general de la nación toma partido político decididamente y participa en la propagación del ilusionismo por la paz: por un lado dice que las FARC serían perfectamente indultables, ya que no han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, haciendo de esa manera una confesión de parte sobre la incompetencia de la Fiscalía, y por el otro lado, llama al presidente Uribe “irresponsable” por contarle al país que el Ejército está cesando operaciones militares para evacuar terroristas. Flaco servicio le hace a la administración de justicia encubriendo criminales quien tiene el mandato constitucional de acusarlos y llevarlos a la cárcel.

Esperemos que Juan Manuel Santos y su corte, validos de unos medios de comunicación corruptos, y haciendo causa común con los terroristas, no le hagan tanto daño al país en este año que les queda.