El gobierno no solo le dio impunidad total y privilegios políticos a las Farc, sino que sin haber obtenido un solo voto les permitió plasmar su visión del estado en dos esferas neurálgicas de la vida nacional: en la Justicia y en el campo. En la justicia les concedió un tribunal omnímodo y autónomo que por su orientación ideológica pondrá a la majestad de la justicia al servicio de su proyecto totalitario, y en el campo, con el capítulo del acuerdo denominado reforma rural integral, que no es otra cosa que comunismo en acción para el campo colombiano.
El primer error del Gobierno fue reconocerle el status político a las Farc dando como cierta su premisa de que el “conflicto armado” en Colombia ocurría por falta de acceso a la tierra. Una falsa premisa que desconoce el rol del narcotráfico y otras economías ilegales en la violencia colombiana. El mal diagnóstico conlleva al remedio equivocado, que es en este caso una reforma agraria, cuyo eje central es la repartición de tres millones de hectáreas. Para tener una dimensión de esta reforma basta decir que en Colombia hay siete millones de hectáreas sembradas en agricultura. La mayoría de estas tierras vendrán de predios hoy explotados adecuadamente por sus dueños, y comprarle esas tierras a sus tenedores legítimos valdrá alrededor de 60 billones de pesos, que no están en las proyecciones presupuestales del gobierno y nunca lo estarán. Razón por la cual un gobierno que respete los acuerdos con las Farc tendrá que hacer uso masivo y arbitrario de un instrumento legal que esta previsto para casos excepcionales como es la extinción administrativa del dominio para predios que no cumplen la función social o ecológica de la propiedad. De tal suerte que se atenta contra un principio rector del progreso y la democracia como es la propiedad privada, paralizándose así la inversión en el campo y excluyendo cualquier posibilidad de desarrollo.
Con el cambio de dueño de las tres millones de hectáreas también viene un cambio en la estructura productiva, administrativa, gerencial y financiera. Los predios se fraccionarán afectando las economías de escala propias de cada explotación, los nuevos dueños no tendrán los recursos ni el conocimiento para poner a producir sus tierras y tendrán que dedicarse a unas economías de subsistencia que nunca serán suficientes, y eso hará que se reemplace el capital privado en la financiación de las actividades del campo con los subsidios estatales. Al final la cuenta la pagaremos todos los colombianos con una crisis alimentaria por el colapso productivo del campo tal como paso en Venezuela.
Pero el acuerdo con las Farc va mas allá de las tres millones de hectáreas: para aquellos pocos que queden produciendo luego del gran despojo, el acuerdo habla de una “actualización catastral” que define como “progresiva”, lo cual no es otra cosa que un aumento del predial a niveles expropiatorios. Otra vez el acuerdo parte de la falsa premisa de que hoy la ruralidad colombiana no paga suficiente impuesto predial, lo cual se contradice con las siguientes cifras: el catastro rural paso de valer 32 billones en el 2002 a 168 billones en el 2016, un incremento del 425% cuando la inflación en el mismo periodo fue del 86.8%, y el catastro rural representa el 15% del total nacional cuando en la ruralidad solo se produce el 6.8% del PIB.
El campo colombiano lo que necesita son políticas que incentiven la inversión y la producción, ojala con encadenamiento de agroindustria y vocación exportadora, y apoyo a los campesinos dueños de tierras. Pero este no es el modelo de las FARC, el comunismo aborrece al progreso porque solo prospera en la miseria.
Comentarios