Reforma a la Justicia: decepción de decepciones

Tras la entrada en vigencia de la reforma, y tras la puesta en marcha de sus mecanismos, la justicia colombiana seguirá siendo una institución arcaica.

No hay nada, léase bien, ni una sola cosa en la Reforma a la Justicia, que haga que la Justicia colombiana sea más ágil y más confiable. Terminó todo convertido en un banquete de privilegios, en el que los congresistas se confirieron a sí mismos un régimen de inmunidad y los magistrados lucharon con hambre notoria y vergonzosa por aquello que parece ser lo único que les interesa: no la justicia, no la integridad y la vigencia de las leyes, sino sus pensiones, sus salarios y la permanencia en sus cargos.  

Tras la entrada en vigencia de la reforma, y tras la puesta en marcha de sus mecanismos, la justicia colombiana seguirá siendo una institución arcaica. Los juzgados seguirán funcionando en edificaciones semiderruidas, en pequeñas oficinas que, en plena era de la electrónica, seguirán atiborradas de expedientes de papel.


La Justicia seguirá discurriendo mediante obsoletos procesos, caracterizados por esa devoción que tenemos por el papel, los sellos y las certificaciones. Se seguirá sospechando de corrupción en los jueces y en los auxiliares de la justicia. El secretario del juzgado seguirá siendo el tiranuelo que no hace las diligencias si el abogado no le llama “doctor”. Y seguirá el ciudadano condenado a aguantar esto por términos de hasta 20 años. La economía seguirá sintiendo el rezago y la pérdida de oportunidades que se causan por tener una justicia lenta, ineficaz y poco confiable.


Pero algunas cosas sí cambiarán. Sobre todo cambiarán nombres. Nombres de corporaciones desprestigiadas, que serán sucedidas por otras cuyo desprestigio no tardará en venir.


Cambiará también el régimen penal de los congresistas: gozarán de inmunidad casi total en la práctica: nada de anónimos, ni siquiera para denunciar a quienes manejan en sus regiones maquinarias temibles; quien denuncie tendrá que asumir una onerosa carga si la denuncia no prospera. Y podrán escapar antes de que haya acusación.


Quiere convencernos el Gobierno de que la lentitud de la justicia se solucionará con su privatización selectiva y temporal (funciones judiciales a abogados y notarios). Esto, incluso si escapa a la corrupción y a los abusos, no será más que un paliativo pasajero, en un sistema que no requiere de descongestión sino de una total revolución: y ésta empieza por un cambio de mentalidad, de cuya promoción fue incapaz este flamante gobierno.

Credito
ANDRÉS MEJÍA VERGNAUD

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