Locomotora de la minería: ¿daño, riesgo u oportunidad?

Las regalías, partidas que deben pagar al Estado las empresas explotadoras por hacer uso de esos recursos naturales, se han convertido en la mejor alternativa para el desarrollo de las regiones, y repartidas en Fondos, están en la mira de gobernantes, funcionarios y empresarios.

El gobierno del presidente Santos trabaja activamente para posicionar a Colombia como un actor estratégico en el mercado mundial de minerales y en hacer de esta actividad un pilar fundamental de la economía nacional.

Las empresas mineras llegan al país porque las condiciones geológicas hacen de este un destino óptimo para la exploración y la explotación de carbón térmico, metalúrgico, oro, plata, platino, roca fosfórica, níquel, hierro, esmeraldas y minerales no metálicos.

Los ecologistas ven con recelo y preocupación esa determinación y algunos del ala de los fundamentalistas trabajan porque la locomotora minero-energética sea obstaculizada y no pueda seguir su camino.

¿Pero y la gente de común, nosotros los ciudadanos que anhelamos ofrecer a nuestros hijos y nietos una mejor nación, qué papel estamos cumpliendo? ¿Qué estamos haciendo para formar nuestro propio criterio y conocer qué es lo que realmente significa ser un país potencialmente minero?

La realidad indica que el crecimiento económico logrado durante los últimos años se debe al incremento en las producciones de petróleo y carbón y que las proyecciones futuras tienen como base esa tendencia creciente y el inicio de explotaciones de otros minerales.

Las regalías, partidas que deben pagar al Estado las empresas explotadoras por hacer uso de esos recursos naturales, se han convertido en la mejor alternativa para el desarrollo de las regiones, y repartidas en Fondos, están en la mira de gobernantes, funcionarios y empresarios. Sin embargo, son esos mismos actores quienes a veces denigran de la actividad minera.

El colombiano del común tiene el deber de entender de qué se trata todo este galimatías que, por una parte, muestra a esa industria como la tabla de salvación y, por otra, como una amenaza que se cierne sobre nosotros. La comunidad necesita conocer qué pasaría si se continúa por esta senda, la que al parecer el Gobierno no va a abandonar, pero también qué sucedería en caso de que con argumentos de tipo ambientalista, se siga atajando a las grandes empresas mineras y quede, como de hecho está sucediendo, el camino libre a las invasiones de extracciones ilícitas que hoy están inundando diferentes zonas del país con su destrucción ecológica, social y económica.

El censo minero de 2010 y 2011 indica que más del 70 por ciento de las unidades productivas es ilegal. Esos explotadores, informales, artesanales e ilegales van desde el humilde colombiano que se gana la vida sacando oro de los ríos, hasta inmensas organizaciones al margen de la ley, que usan mercurio y armas, abusan de los trabadores y le hacen conejo al Estado con las regalías.

Mi invitación es a que nos informemos y no permitamos más la avalancha de rumores convertidos en mitos, patrocinada por quienes no tienen ningún interés en que les llegue legalmente la competencia.

La minería legal y responsablemente desarrollada puede evitar daños que ya hoy se están presentando inclusive en nuestro departamento.

Credito
MARCELA MEÑACA SABOGAL (*)

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