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La preocupación surge con el cobro exorbitante de estos servicios públicos en medio de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que vive el país. La inconformidad razonable de los usuarios frente a las compañías fue haber promediado los últimos meses y trasladar esta ecuación en los recibos, que en algunos casos terminó por duplicar las facturas, especialmente en energía y gas domiciliario. El disgusto principal estuvo en los comercios cerrados que vieron incrementar los cobros estando cerrados.
Además, los estratos 1, 2 y 3, fundamentalmente, notaron que además del promedio ajustado, no hubo lecturas por parte de los funcionarios de las empresas, pero sí personal que repartiera las facturas. Este bloque residencial fue señalado de aumentar la demanda de los diferentes servicios, algo lógico en medio de la pandemia y el confinamiento obligatorio, para lo cual ni el Estado, ni la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ni las empresas, estaban preparados ni previnieron con las debidas campañas sobre el ahorro en los servicios.
Lo cierto es que se cometieron injusticias y desde un principio de la emergencia no solo se debieron congelar las tarifas, sino como medida de apoyo a los ciudadanos, cobrar tan solo el último valor referenciado en la última factura, con lo cual se habrían evitado protestas y tutelas por presuntos abusos tarifarios. Ejemplo dieron empresas de menor tamaño económico como el Ibal, que fue capaz de condonar un mes del servicio de agua, algo que afecta económicamente la compañía local y que representa un sacrificio fiscal para la Alcaldía de Ibagué.
Precisamente ayer, la superintendente Avendaño aclaró para todos los asistentes a la reunión virtual que las facturas de energía y gas no pueden llegar con el “cobro por promedio” de ahora en adelante. Además, informó que en lo corrido de este año se han atendido 86 mil reclamos contra las empresas de servicios públicos y las multas llegaron a los 30 mil millones de pesos en electricidad, gas y otros 3 mil millones en acueducto y alcantarillado.
De todas maneras, las empresas mencionadas, en el ojo del huracán de la opinión pública de la región, han puesto el pecho a la brisa y vienen recogiendo y atendiendo las inquietudes de los usuarios. Desde que surgieron las críticas tanto Celsia, Alcanos como Interaseo no han dudado en hablar públicamente lo sucedido y han mostrado entereza en atender las reclamaciones. De hecho, en el debate de la comisión cada una explicó las dificultades en sus sistemas de distribución y operacionales, las fluctuaciones de la demanda versus la oferta en medio de la crisis, su compromiso social con destinaciones a municipios bajo el mecanismo Más Obras por Impuestos, que les permite orientar inversiones públicas para obtener reducciones en el impuesto de Renta.
Sin duda, eso es lo que esperamos todos de estas compañías, que no solo se lucren de sus negocios y presten un óptimo servicio, sino que sientan el Tolima y su capital como suyos, y que haya un mayor diálogo con las comunidades.
El principio capitalista no debe reñir con la solidaridad, la justicia social y la equidad. Esa es una contundente lección que deja esta pandemia.
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