Populismo tributario

Vivimos en un escenario adverso en el que la vida es prioridad y la economía tiene dificultades para encontrar la senda de la recuperación. El desempleo galopante es el fiel resultado de la crisis social y sanitaria.

No en vano analistas, gremios y medios de comunicación han puesto sobre el tapete de las sugerencias la necesidad de avanzar en varias reformas, por ejemplo, en salud, pensiones, tributaria y laboral.

Coincido en la discusión de ejercer un mayor control de las EPS y las ARL, cuya actitud y operación en medio de la epidemia deja muchas críticas y falencias. El tema pensional sólo es posible si se da apertura a que más personas accedan al sistema y siempre y cuando quede claro que no se aumentaría la edad de jubilación en hombres y mujeres.

 En el caso de lo laboral, el uso de las plataformas, el teletrabajo y las actividades informales exigen ahondar en propuestas audaces y equitativas que mejoren el entorno laboral y que incluyan a jóvenes y mujeres, y que en ningún caso perjudiquen las condiciones del trabajo digno. En este contexto los empresarios requieren garantías desde el Gobierno nacional y la inversión pública ir orientada a sectores estratégicos que garanticen una reactivación gradual y segura.

Sin embargo, el punto más álgido e inconveniente hoy sería una reforma tributaria; no hay ambiente político ni ánimo en el país para abordar un proceso de esta naturaleza, así los especialistas en finanzas públicas insistan en el mismo.

Por esta razón, preocupa que esté circulando en esta legislatura una propuesta por parte de los sectores de izquierda que se ha denominado Impuestos Solidarios y que pretende elevar irracionalmente los tributos a las empresas, teniendo como eje un severo ajuste de los gravámenes con base en el impuesto al Patrimonio y a los dividendos, lo que incrementa el impuesto de Renta, que de no pagarse, llevaría a que los bienes de los privados sean objeto de confiscación.

Nada más peligroso en este momento que el populismo tributario y el querer hacer creer a los colombianos que elevando los impuestos a los más ricos se solucionaría el déficit fiscal. Siempre he creído que quienes tienen más riqueza deben pagar más, pero otra cosa es asfixiarlos o condenarlos a la horca.

Una propuesta semejante, sin duda, espantaría de plano la Inversión Extranjera Directa (IED) y las compañías y firmas existentes buscarían operar en países que ofrezcan mejores ventajas tributarias. Este remedio sería peor que la enfermedad en la actual emergencia económica y sacrificaría las expectativas de crecimiento por varios años. Carece de planeación, estudios serios y de perspectivas de mediano y largo plazo en materia de crecimiento y generación de empleo.

El fondo ideológico de la propuesta pretende aplicar en Colombia un modelo que hundió económicamente a Venezuela y que llevaría al Estado a confiscar y expropiar bienes cuando haya atrasos en el pago de las obligaciones tributarias, incluso también los de las personas naturales.

 No obstante, en este seudo-modelo de desarrollo se une el populismo, el oportunismo y la irresponsabilidad política, pues en el actual momento histórico lo último que se puede pensar es en reventar los sectores productivos que hoy intentan sobrevivir o reinventarse en medio de la epidemia. En la práctica la propuesta es ilusoria, antitécnica y pone en alto riesgo todo el tejido empresarial.