Lo que está en juego es la seguridad ciudadana

También las Fuerzas Militares y la Policía enfrentan diariamente una lucha frontal contra las disidencias de las Farc, el Eln, las bandas criminales y la influencia de los carteles mexicanos que se siguen nutriendo perversamente del narcotráfico y la minería ilegal. En temas externos, el régimen de Venezuela y la protección brindada a grupos terroristas sigue siendo una amenaza directa a la seguridad de la Nación. El escenario para el Gobierno Nacional y especialmente para las instituciones del Estado no puede resultar más adverso tras el ataque sistemático que hubo en Bogotá contra 56 CAI la semana anterior y que sin duda deja notar, así muchos no lo quieran o no les convenga admitirlo por seguir alimentando un peligroso proyecto populista para llegar al Ejecutivo en 2022, que hoy la sociedad civil se enfrenta a una intimidación subversiva que pretende desestabilizar las principales capitales del país.

El vandalismo y las agresiones directas a la Fuerza Pública hacen parte de un plan de los grupos armados organizados por aumentar su poder de intervención en las urbes a través de milicias, en donde la pobreza y la inconformidad social son su caldo de cultivo, mucho más cuando el fenómeno se alimenta de ideas primarias atribuidas a una izquierda que ha fracasado y aumentado la miseria en América Latina, pero que aguarda en Colombia un botín de oro en el contexto geopolítico.

Antes de continuar aclaro que en ningún caso se puede aceptar la brutalidad policial como ocurrió en el caso de Javier Ordóñez y menos aún se puede aceptar el abuso sexual de menores de edad por parte de unos militares. Los colombianos debemos ser solidarios con las víctimas y exigir el debido castigo y reparación a las víctimas, pero principalmente solicitar que la Fuerza Pública actúe con todos los protocolos de los derechos humanos en sus diferentes operaciones en intervenciones. Es injusto generalizar y justos no pueden pagar por pecadores.

Sin embargo, en este punto creo que hay claridad en un concepto. En las protestas masivas del año anterior y lo acontecido recientemente lo que está en juego es la seguridad ciudadana. El modus operandi de los vándalos revela que son entrenados con detallados manuales, que se aprovechan de las manifestaciones pacíficas para alcanzar sus objetivos y que están preparados para aprovechar los ‘papayazos’ que surgen de la indignación provocada, por ejemplo, con el caso de la muerte del abogado Ordóñez.

Generar caos y zozobra es su objetivo y ocupar espacios para generar todo el daño posible a la estructura ciudadana es su peligrosa estrategia, mientras que un pequeño sector de la sociedad aún cree o quiere hacernos creer que estos actos son espontáneos. Nada más alejado de la realidad.

Todo ciudadano es libre para expresarse o protestar, pero hay límites. Incendiar, saquear y destruir el mobiliario público se podría calificar como terrorismo urbano. Que líderes políticos avalen este tipo de conductas raya en la insensatez ideológica.

Enfrentamos momentos inéditos, en el que el malestar social producto de la pandemia es notorio y en donde grupos criminales apuntan a la desestabilización y satanización del aparato institucional. Nuestra Fuerza Pública sigue siendo un bastión de nuestra historia republicana y es de las grandes instituciones enmendar los errores. Otra cosa es evidente: Los enemigos y peligros de la seguridad y la democracia no están ni en la Policía ni en el Ejército. No nos dejemos engañar.