Conservemos la industria textil del país

Miguel Ángel Barreto

El comercio ilegal, la competencia desleal y la informalidad siguen golpeando el sector textil-confecciones. Esto desafortunadamente afecta la dinámica laboral de miles de empleados y sobre todo a los empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias.
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Se estima que de cada tres prendas que se comercializan en el país, una es de contrabando, esto es el 33 % del mercado de prendas de vestir. El dato es preocupante, mucho más ahora que trabajamos por la reactivación económica en medio de esta pandemia. 

Cuando se compra una prenda que ingresó de manera fraudulenta al territorio nacional, además de apoyar a los negocios ilegales, también se contribuye a activar redes de miseria que pagan sueldos irrisorios a trabajadores, principalmente, de países como: China, Bangladesh, Vietnam o Laos. Estas multinacionales que comercializan grandes volúmenes de prendas de vestir confeccionadas a bajo costo son una clara amenaza al aparato productivo de naciones como la nuestra, fenómeno que se mezcla con el lavado de activos, la creación de empresas de papel y la subfacturación. 

Gracias a los operativos de la Dian, en julio de este año se lograron incautar cargamentos de textiles y confecciones avaluados en más de 50 mil millones de pesos y en el transcurso del 2020 se confiscó un total de 318 mil millones de pesos en mercancía contrabandeada, demostrando el riesgo que impone este tipo de negocios a la economía colombiana.

Los empresarios, por su parte, siguen cargando altos costos de operación destinados a intereses financieros, la energía, las materias primas y los impuestos, lo cual repercute en la destinación de recursos para contratación de personal.

Este sector estratégico para el empleo del país, debe ser visto como un asunto de seguridad nacional, sobre todo si tenemos en cuenta la amenaza que representa el contrabando y su enorme influencia en la oferta y la demanda de estos productos en el mercado colombiano.

Una nueva revisión arancelaria por parte del Gobierno nacional sería oportuna para reforzar los niveles de protección frente a estas alteraciones en el flujo legal del mercado, además que impulsaría la reactivación del sector laboral, sobre todo en estos momentos en que proteger el empleo es una prioridad para superar la crisis social derivada de la epidemia por Coronavirus.

Un plan más sólido de reactivación debe contemplar: un programa de formalización de las pequeñas empresas, comercios y talleres; o contar con un IVA más ajustado a la realidad que dinamice la demanda; e igualmente, se debe acelerar las denominadas Fábricas de Internacionalización para conseguir nuevos compradores externos a productos e industrias regionales que ya cuentan con altos estándares de calidad.

También los controles aduaneros, además de rigurosos, serían mucho más valiosos, si estuvieran acompañados de una sección operativa que estimule el seguimiento, la denuncia y por qué no, un programa de recompensas. Instituciones como la Fiscalía, Dian y la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), requieren mayor fortalecimiento para seguir combatiendo este comercio ilegal.

Teniendo en cuenta que la pandemia afectó 72 mil puestos de trabajo y en gran medida a las mujeres cabeza de hogar, quienes representan el 70 % de la fuerza laboral de este sector, atenderemos estas necesidades desde el partido Conservador y continuaremos defendiendo contundentemente las manufacturas colombianas. 

Sugerimos impulsar con prontitud una contundente campaña que llame la atención de los compradores en general para que adquieran los productos hechos en el país. Apostemos por la legalidad y el trabajo de nuestros compatriotas, apostémosle a los productos y talentos ‘siento por ciento colombianos’. 

 

MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO

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