La campaña que se ha iniciado contra los acuerdos que el Gobierno nacional firmó con la guerrilla de las Farc ha estado plagada de mentiras y afirmaciones incompletas, que ponen de presente la calidad ética de los personajes que la están impulsando, que han puesto por encima de los intereses de la nación y de la sociedad colombiana, como lo es la obtención de la Paz, sus intereses particulares y sus prejuicios y convicciones, aunque los hechos les estén mostrando situaciones diferentes.
Una de las mentiras más repetidas es que se le está entregando el país al castro – chavismo y que ese ha sido el trabajo de la comisión negociadora. Cuando se aprecia algunos de los más connotados comisionados del Gobierno nacional podemos apreciar su compromiso con el “castro chavismo”: El General Mora, que como comandante del Ejército nacional planeó y dio de baja a Raúl Reyes, segundo comandante de las Farc y que planeó y dejó caminando el cerco del Comandante General de esa organización, Alfonso Cano.
El General Naranjo, que como Director de la Policía Nacional participó en la operación que dio por resultado dar de baja al comandante Militar de las Farc, el Mono Jojoy y al Doctor Humberto de la Calle, Jefe del equipo negociador, que como ministro de Gobierno en la administración del Presidente Gaviria planeó la toma de Casa Verde que era el campamento general de las Farc, por parte del Ejército nacional. Esos son los voceros del Gobierno nacional que le entregan el país al “castro chavismo”.
Otra de las mentiras reiteradas es que los desmovilizados de la guerrilla tendrán absoluta impunidad. Tal opinión desconoce que todos los excombatientes que estén incursos en delitos de lesa humanidad deberán tener limitaciones a su libertad personal, aunque no sea intramuros, y que estas limitaciones tienen las connotaciones de castigo por los delitos cometidos. Solo una vez se cumpla con la condena establecida en los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, el sindicado podrá tener libertad de acción y movimiento. Se señala que en las otras desmovilizaciones, por ejemplo de los paramilitares, éstos pagan cárcel en los Estados Unidos, pero olvidan que lo están no por sus delitos políticos y criminales contra la población colombiana, sino por ser parte de grupos de narcotraficantes. Pagan cárcel por narcos no por paramilitares.
Igualmente, se ha insistido en que a los excombatientes de la guerrilla les pagarán sueldos exorbitantes y con acceso a otros recursos de subsidios para proyectos productivos. Es cierto que se les asignarán recursos a cambio de que se capaciten para poder generar proyectos de autoempleo, cuyos montos fueron establecidos durante la desmovilización de los paramilitares en el Gobierno de Uribe Vélez y que representan el 80% de un salario mínimo.
Ese es un costo mínimo si se compara con los costos que en armamentos y pertrechos actualmente se gasta el país para mantener la guerra, sin evaluar el costo económico que representa la vida de nuestros soldados y de los propios guerrilleros o de los daños sobre las propiedades y bienes por las acciones armadas.
En ese mismo sentido se argumenta que no existirán los recursos fiscales suficientes para pagar el posconflicto y que por ello se hará la reforma tributaria. Eso no es cierto, pues la reforma es el resultado del hueco fiscal generado en la caída de los precios del petróleo y de las exenciones tributarias a los grandes capitales, exenciones dadas durante la administración Uribe, situaciones que no pueden ser asignadas al posconflicto. Pero aún más, si durante 50 años hubo recursos para la guerra, por qué no hemos de tener los recursos necesarios para la Paz?
En los últimos días ha tomado fuerza la idea absurda de que es posible votar No para obligar a una renegociación con las Farc. Preguntémonos si es generador de confianza un Estado que dura 4 años en un proceso de negociación con una guerrilla, para que al final se salga diciendo que lo acordado no vale y ahora lo que se quiere es otra cosa? Cuando los alzados en armas han negociado lo han hecho con un Gobierno legítimo, en representación de un Estado legítimo, con una Constitución Política legítima.
No es serio ni correcto ahora cambiar las reglas de juego. Quienes así piensan, creen que los guerrilleros son tontos y que el Estado Colombiano debe ser fuente de desconfianza e indignidad. Es decir, la renegociación solo conduce nuevamente a la guerra.
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