El pasado 24 de noviembre se firmó el Acuerdo del Teatro Colón, que ha sido asumido como el Acuerdo Final entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional, texto que luego fue refrendado por el Congreso de la República el 29 y 30 de Noviembre de 2016 y posteriormente avalado por la Corte Constitucional, por lo que el Acuerdo se incorpora al ordenamiento jurídico del Estado Colombiano y tiene un carácter legal y vinculante para la totalidad de la sociedad en cualquier Estado de Derecho.
Seis meses después seguir repitiendo los argumentos falaces de los que se opusieron al plebiscito del 2 de octubre, no solo es un error político sino, y sobre todo una mentira evidente. Pese a todas las prevenciones sobre la capacidad de organización y mando sobre los guerrilleros, cerca de siete mil guerrilleros y un número indeterminado de milicianos se concentraron y han acatado las decisiones que sus jefes tomaron en las negociaciones de La Habana, con una mínima disidencia, que no llega a más de 350 combatientes que se mantienen en “pie de lucha”. Recordemos que en otros procesos, como el del Salvador o Guatemala, tales disidentes han sido del orden del 20% y, en nuestro caso, ha llegado solo al 5% de los integrantes del grupo armado.
El cumplimiento de lo pactado por parte de las guerrillas de las Farc ha sido muy bueno y ello se refleja en la reducción de los índices de homicidios en todo el país, en una reducción casi total de los enfrentamiento militares en todo el país, en la reducción de los reportes de heridos y muertos en combate, al punto que los pabellones destinados a su atención en el hospital militar central que eran atiborrados de víctimas militares durante los últimos 50 años, hoy permanecen vacíos y esperamos que así se mantengan. Se sigue avanzando en la entrega de niños reclutados, el boleteo y la extorsión ha desaparecido por parte de integrantes de las Farc en todo el territorio nacional, el censo de armas se realizó por parte de las Naciones Unidas, la verificación de la entrega de armas ya se inició y su conversión en partido político sigue adelante.
La acción estatal, aun cuando no ha sido suficientemente eficiente, es indiscutible que el énfasis que se ha puesto en la estructuración jurídico institucional que genere confianza en la transición de la guerra al posconflicto, tales como la justicia transicional y las garantías para hacer política y el mecanismo de Fast Track, son muestras del compromiso gubernamental con el avance del acuerdo final y, pese a lo mucho que falta por recorrer, se ha definido la senda por la cual se debe recorrer.
Pero este avance y compromiso de las diferentes partes, se ve amenazado por nubarrones procedentes de la próxima contienda electoral. Es inconcebible que los partidos que promovieron y apoyaron el No en el plebiscito del 2 de Octubre insistan en la posibilidad de renegociar aspectos substanciales del Acuerdo final para la terminación del conflicto. Se le debe seguir exigiendo a las Farc la entrega de la totalidad de las armas para que nunca más sean utilizadas para hacer política, pero no para hacerles trampa o como se diría popularmente ponerles conejo, pues no solo es políticamente inaceptable, sino que es un imposible ético, no exento de una larga tradición de nuestro país que se ha caracterizado por traiciones institucionales que empieza en los albores de la república, cuando las autoridades españolas desconocieron las capitulaciones de la revolución comunera y que tuvo su más clara expresión en la persecución y exterminación de 3.600 militantes de Unión Patriótica en la década de los años 80 del siglo pasado.
El avance de la Paz y el silenciamiento de los fusiles no puede ser parte de la discusión política, solo se debe aceptar la definición de mecanismos para su implementación y la permanente exigencia de que las diferentes partes cumplan con lo acordado. Cualquier otro comportamiento que implique el incumplimiento del acuerdo no debe pasar. Ese principio ético debe tenerse en cuenta cuando se tome la decisión sobre el nuevo gobierno. La Paz es un derecho ciudadano y una obligación constitucional que no puede ser soslayado con argumentos que evocan traición y muerte.
Economista
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