Y la consulta...qué?

José Adrián Monroy

Después de la elección del plebiscito, la ciudad se preparaba para la consulta que se tenía prevista el 30 de octubre y que preguntaría a los ibaguereños: ¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

El tema se mantenía muy tibio y casi pasaba por desapercibido, hasta que esta semana, el Consejo de Estado resolvió suspender, como medida cautelar, la votación de la consulta popular sobre proyectos y actividades mineras en el municipio de Ibagué; por cuenta de la acción de tutela instaurada por el presidente de la Asociación de Minería e hidrocarburos del Tolima. La suspensión, sirve para poder revisar con mayor detenimiento lo que implica la consulta, resolver dudas y además, cuál es el alcance que tendría después de su elección.

Si bien es cierto, el municipio tiene la facultad de realizar la consulta, como lo ha avalado el Tribunal Administrativo del Tolima, la pregunta hecha para la consulta mengua de manera significativa la voluntad de quién vota y condiciona al ciudadano, porque induce a su respuesta final. Si a cualquier ciudadano le preguntan, si quiere que en su municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística, la respuesta obviamente será No; nadie va a querer que se contaminen los ríos o quebradas, o que el turismo y el sector agropecuario se vean afectados por cualquier tipo de actividad, no solamente la minera.

Sumado a lo anterior, no se especifica la clase de minería a vetar o prohibir, en nuestra ciudad existen actividades mineras como la extracción de arena, gravilla, recebo para obras civiles, arcilla para ladrilleras, calizas, oro a pequeña escala, ejercicios mineros que generan tres mil empleos en Ibagué, junto con los empleos que se derivan de las explotaciones como los volqueteros que transportan los materiales y los que desde las plantas procesan todos estos minerales; empresas tan importantes como Cemex, que a pesar de realizar su actividad de explotación en San Luis, todo el proceso industrial lo hace en Ibagué, también se verían perjudicados.

No debiera ser la actividad minera, vista como insumo de materia prima, hay que pensar que el 90% de los productos que usamos a diario contienen piezas tomadas de esta actividad.

Todo esto no ha sido aclarado por el Gobierno municipal y debe serlo, toda vez que si la pregunta se deja como está, el golpe para quienes viven de esta clase de minería sería enorme, ocasionando un grave problema social que no tiene solución a corto ni mediano plazo. Debe ser la suspensión, el momento para hacer un alto en la camino, analizar los alcances de la consulta y revisar la pregunta; no se trata de un debate de promineros, antimineros, ambientalistas o no, se trata de pensar en favorecer la ciudad y el medio ambiente por encima de otros intereses.

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