Con preocupación veo la puesta en marcha de la nueva iniciativa que tiene el Gobierno nacional de cambiar la actual estructura política del país mediante una “macro reforma política”. Aclaro que se no soy renuente a los cambios, porque se necesita, lo que me genera intranquilidad, es la actitud afanosa e impositiva con la que últimamente se toman decisiones en el país; no olvidemos el caso más reciente, la reforma tributaria.
En la socialización que hizo el presidente Santos y el Ministro Cristo con los representantes de los partidos políticos, se plantearon unos proyectos que pretenden hacer cambios sustanciales como: la extensión del periodo presidencial, para gobernadores y alcaldes de cuatro a cinco años sin reelección, de la misma manera para contralores y procuradores, la eliminación de la Vicepresidencia, el voto obligatorio, reducir la edad apta para votar a los 16 años, la financiación estatal de las campañas, la implementación de listas cerradas para elegir cargos a corporaciones públicas y la eliminación de la circunscripción nacional para los senadores. Algunos de estos cambios estarían amparados y se impulsarían bajo el pretexto de garantizar la aplicación de los acuerdos de La Habana.
De entrada, me surge una duda: ¿qué tiene que ver la ampliación del periodo del presidente, gobernadores y alcaldes, el voto a los 16 años o el voto obligatorio con los acuerdos de La Habana? Además, ¿por qué algunos de estos temas pretenden ser tramitados vía “fast-track”?, ¿cuál es el afán?
Necesitamos una arquitectura institucional que se modernice, en el sentido de que sea acorde a unos principios básicos que rijan la práctica política en el país, como la paz, el postconflicto y la anticorrupción; que sean el fruto de un proceso de diálogo y del consenso, buscando las reales causas de la falta de credibilidad de los ciudadanos en las participaciones democráticas. El abstencionismo no se combate habilitando más gente para votar, es indispensable determinar por qué los que sí pueden hacerlo, no lo hacen.
En la última contienda electoral para la presidencia hubo un abstencionismo del 59%, lo que indica que aún el país es gobernado por una minoría. Una nueva reforma política debe ser creativa e interpretar el sentir de los millones de colombianos a los que no les interesa elegir ni ser elegidos, ese debe ser el quid de la reforma, garantizar verdaderos espacios de participación.
Una reforma política como la que se pretende hacer debe ser analizada y estudiada con minuciosidad, socializada, porque en un estado social de derecho y democrático como el nuestro, las elecciones se convierten en una herramienta vital para nuestro desarrollo, ya que de ella depende elegir a quienes van a regir los destinos del país.
Por lo tanto, espero y aspiro a que el Gobierno nacional no se siga equivocando tomando decisiones tan importantes a la carrera y que nuestros congresistas hagan un alto en el camino y le pongan freno a la voracidad con la que el gobierno nos ha venido administrando.
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