Más allá de la tristeza colectiva que produjo la eliminación de la selección colombiana de fútbol del Mundial de Rusia; esta semana, en nuestro país, se han venido presentando una cantidad de asesinatos y hechos violentos que encienden las alarmas por lo preocupante de la situación y por el temor que genera volver a una ácida época que no quisiéramos recordar.
Entre la noche del 2 de julio y la madrugada del día siguiente, en las veredas Honduras y Betania del municipio El Tambo en el departamento del Cauca, murieron siete personas con tiros de gracia a manos de un grupo armado. Para el Ejército, el Eln estaría detrás del múltiple asesinato.
Este miércoles, Ana María Cortés, quien fue secretaria de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el municipio de Cáceres (en el Bajo Cauca antioqueño) fue asesinada. Hacia las 7 de la noche, desconocidos ejecutaron el crimen en una cafetería cercana a la notaría del sector. Las autoridades han empezado la investigación para determinar a los autores del delito.
Además, un hombre de alias ‘Carlos Mario’ llama a Magda Deyanira Ballestas Chivata, profesora del municipio de San Pablo al sur de Bolívar, para darle un comunicado. En tono agresivo le dice: “No la estamos amenazando, le estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado para que lo escuche con atención: hágame un favor, coja sus cositas y váyase de la región”. La conversación, que circula por redes sociales, es escalofriante.
Aunque se desconocen los motivos de los asesinatos o las amenazas efectuadas y se descarta algún vínculo entre las víctimas, parece que existe un común denominador entre ellos, son líderes sociales. Personas que se han dedicado al servicio de la comunidad que en la mayoría de los casos enfrenta a las bandas criminales y mafiosas que habitan en sus territorios; para su desgracia, estos grupos son, en últimas, los que resultan siendo sus verdugos.
La génesis de todo este problema social que nos empieza agobiar, no es otro que el narcotráfico; el descomunal aumento de los cultivos de coca en el país, que asciende a más de 200 mil hectáreas, significa que los grupos delincuenciales dedicados a este voraz, pero lucrativo negocio, están fortalecidos, protegiendo a sangre y fuego el éxito de su empresa criminal.
Achacarle a esta ola de violencia, móviles políticos, es querer, de manera irresponsable, ahondar la polarización ideológica a la que nos han querido someter.
Por lo tanto, angustia el panorama social que tenemos y se convierte en un importante desafío para el presidente Duque, toda vez que uno de los pilares de su campaña y de su partido es la seguridad, y espero que asuma su mandato elevando esa bandera.
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