Hoy en el país se habla del proyecto de acto legislativo que ya surtió su primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, en el que se pretende darle dos años y medio más al actual periodo de alcaldes y gobernadores para igualarlos con el periodo presidencial. Esta iniciativa ya generó controversia, por lo que me referiré a ella más adelante debido a que hasta ahora comienza su batalla para que pueda ser una realidad y aún tiene mucho camino por recorrer.
Pero paralelo a esto, la Honorable Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre un tema que merece especial atención e importancia, el aborto. Cómo bien se sabe, hace 12 años se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida, cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto o cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.
De acuerdo con la Corte, desde ese entonces, las mujeres que han querido realizarse un aborto legal y que se encuentran amparadas dentro de las tres causales establecidas jurisprudencialmente desde el año 2006, han tenido que enfrentar innumerables barreras que el Estado les ha impuesto para poder acceder a ese derecho constitucional, situación que según la Corte: “constituyen violencia de género, o violencia contra la mujer” y también pueden ser consideradas como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
De esta forma la Corte hace un llamado al Estado colombiano para que sean más ágiles a la hora de garantizar esta clase de derechos y no establece límite de tiempo para que se realicen los abiertos legales en Colombia, ya que se han suscitado casos en los que las mujeres han tenido que esperar hasta la semana 23 de embarazo para que las empresas Promotoras de Salud EPS realicen estos procedimientos y eso que, habiendo tenido que recurrir a una acción de tutela para obligarlas en su cumplimiento.
Esta situación denota lo vulnerable que es nuestro sistema de salud, cuando de garantizar derechos se trata, por lo tanto es imperioso que desde el Congreso de la República se tramite un proyecto de Ley que elimine la intermediación que existe en la prestación de los servicios de salud a manos de las EPS, en donde sea el mismo Estado, a través de sus hospitales de todos los niveles, los que presten el servicio y que sean ellos los que capten los recursos de los regímenes contributivo y subsidiado. ¡Eso es más urgente!
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