Pese a toda la especulación que ocasionó el fallo del 20 de diciembre de 2018 proferido por la Procuraduría General de la Nación, en donde en segunda instancia suspenden por nueve meses a 15 de los 19 concejales de la ciudad, ya se cuenta con la claridad de cuál va a ser la suerte de la corporación para lo que queda de este periodo, en el entendido que en el mes de octubre se elegirán los cabildantes que a partir del 2020 serán la nueva junta directiva del municipio.
Bajo esta circunstancia, es necesario precisar que los concejales que estuvieron inmersos dentro del proceso disciplinario solo fueron suspendidos mas no inhabilitados; así lo establece el artículo primero de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia: “Confirmar el fallo de primera instancia preferido por la Procuraduría Primera Delegada (...) mediante la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de nueve (9) meses a los concejales del Municipio de Ibagué periodo 2016 - 2019” - negrillas fuera del texto-.
Esto quiere decir que su suspensión los margina de su labor como concejales por el periodo de nueve meses, pero no los veta del ejercicio de lo público ni les quita la posibilidad de aspirar a cargos por elección popular. No obstante, más allá de si el fallo fue justo o no, teniendo en cuenta que para este fallo existe un salvamento de voto muy bien sustentado, el hecho de que se suspenda al 80% de los concejales de Ibagué trae un grave perjuicio para la ciudad del que no hay por qué alegrarse.
Lo anterior es nefasto por donde se le mire, puesto que no sería conveniente que la corporación funcione con solo 4 concejales -los únicos que no fueron suspendidos- debido que para este caso no aplica la silla vacía; sería entonces inaudito, que tan solo 4 concejales radiquen, debatan y aprueben proyectos de acuerdo a iniciativa propia o del gobierno municipal, surtan trámites ante las comisiones y además realicen control político.
Existiría un desequilibrio entre las ramas del poder que no es propio de la administración pública, lo que ocasionaría un problema de gobernabilidad para Ibagué. Y si a todo esto le sumamos que este año se realizarán las elecciones para elegir Gobernador, diputados, alcaldes y concejales, el hecho de que no exista quien controle el ejercicio del Gobierno municipal, podría inclinar la balanza.
Así que tamaña responsabilidad tienen los 4 concejales que continuarán ejerciendo su credencial, por cuanto en ellos recae el compromiso de velar por los intereses de todos los ibaguereños que prevalecen sobre cualquier interés particular. ¡Que Dios los ilumine!
Comentarios