En el país no se habla de un tema distinto a la fuga de Aida Merlano, la exsenadora que fue condenada a 15 años de cárcel por comprar votos en la pasada elección a Congreso, sumado a otros delitos entre los que se encontraban el porte ilegal de armas.
El escape fue de película, de esos en los que la realidad supera a la ficción; que la señora Merlano haya salido por la ventana de un consultorio odontológico, ubicado en un tercer piso, que haya descendido por una soga y que a su caída la esperara una moto en la que emprendió su huida burlando a sus custodios, obedece a un plan que parece sencillo, pero bien estructurado y que dejó muy mal parado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec por ser el encargado de vigilarla.
Desde su creación en el año de 1992, el Inpec ha pasado de escándalo en escándalo, lo que ha provocado que desde diversos sectores se planteen propuestas para reformarlo. Algunas van desde su privatización, hasta su liquidación, crear una entidad nueva o entregarle la responsabilidad de las cárceles a un cuerpo especial de la Policía. No obstante, al instituto solo se le han hecho unas pequeñas modificaciones para tratar de optimizar su funcionamiento, como la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, que maneja la plata y opera la infraestructura penitenciaria del país.
Sin embargo, el problema es de fondo y la falla es estructural, pues el Inpec, que ya cumple un poco mas de 27 años, sigue custodiando 190.338 presos con una guardia de 12.848 uniformados, es decir, que un solo dragoneante debe vigilar a un promedio de 15 internos, con un hacinamiento en los centros penitenciarios del 53,8 por ciento y con 82 sindicatos que dificultan un control administrativo y laboral riguroso.
En todo caso, por la osadía de la excongresista, más los descuidos y las presuntas irregularidades de sus guardianes, la Procuraduría suspendió a ocho funcionarios del Inpec para evitar que interfieran en el proceso de investigación que se debe adelantar para llegar a la verdad sobre como se logró materializar este increíble hecho.
Desde luego este suceso hace que se reviva la necesidad de evaluar las condiciones del instituto penitenciario para que no se postergue más su solución y se tome la decisión desde el Congreso y por iniciativa del Gobierno nacional, de hacerle una reingeniería total a la red carcelaria del país, en donde se cuente con la infraestructura, con la capacidad técnica, administrativa y operacional para que este sector por fin funcione, y no continúe siendo la entidad del caos y descontrol que ahora representa.
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