Lo que viene sucediendo en el país amerita que se haga un análisis del papel que juegan los medios de comunicación en el manejo de la información de hechos noticiosos que tienen implicaciones judiciales; por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos días con la captura y posterior liberación de Aída Victoria, hija de la prófuga Aída Merlano, o la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
El quid del asunto recae en la postura que asumen los medios al realizar “juicios paralelos” a los juzgados, tribunales u órganos de control, decretando con ligereza responsabilidades, culpabilidades o inocencias. Así lo definió Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado en el Tribunal Supremo de Madrid: “Se entiende entonces por juicio paralelo, como el conjunto de informaciones y el seguimiento que hacen los medios de comunicación de un hecho sometido a investigación o enjuiciamiento judicial efectuándose una valoración ética y jurídica de la conducta de las personas implicadas de forma que los medios de comunicación ante la opinión pública ejercen el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según los casos. La valoración del asunto discurre paralela al proceso, utilizando sesgada y parcialmente la información que deriva del proceso judicial”.
Lógicamente, no se puede pretender que se le restrinja a la sociedad en general la información sobre asuntos legales y que ésta se suspenda hasta que los estrados judiciales dicten sentencia pero, dependiendo de cómo se dé la información, pueden vulnerarse derechos constitucionales de los afectados.
Bajo esta circunstancia, es deber de la prensa escrita, televisiva y digital emitir información relacionada con estos temas de forma responsable, cuidadosa, objetiva y neutral, porque generalmente no lo es. En ocasiones, desde los medios se promueven investigaciones, denuncian delitos, aportan pruebas o contrastan la investigación judicial con testimonios y demás elementos probatorios, y eso está bien; lo malo es que a veces, desconociendo como funciona el sistema y el procedimiento jurídico, filtran actuaciones secretas, se publican informaciones parciales, manipuladas o falsas para desprestigiar algún abogado, se interroga a las partes, testigos y peritos de forma paralela al proceso para dar una versión interesada o tendenciosa del conflicto o para condicionar la decisión del tribunal y es allí donde recae principalmente el problema.
Es tal la presión que desde los medios, pueden generar en la opinión publica, que resultan condicionando las decisiones judiciales llevándolos a cometer errores como el de la captura de Aída Merlano Jr., situación que en efecto puso de presente la Juez de Control de Garantías al advertir que la fiscalía actuó por un “show mediático”.
Por lo tanto, es necesario recordar que todo colombiano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, es decir, hasta que un juez de la República lo decrete mediante fallo judicial, no porque alguien diferente lo diga.
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